Según la memoria presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la Apertura del Año Judicial, los datos confirman que “la tendencia descendente en las cifras de víctimas mortales parece haberse frenado”, en línea con lo que ocurre en la Unión Europea, donde la Comisión Europea alertó de que la mayoría de Estados miembros “no cumplirán el objetivo de reducir a la mitad las muertes en carretera antes de 2030”.

La Fiscalía subrayó que un tercio de todas las acusaciones y condenas en España se deben a “delitos contra la seguridad vial”, lo que convierte a la justicia penal de tráfico en una de las áreas de “mayor volumen”. Sólo en 2024 se abrieron más de 129.000 procedimientos por delitos viales, cifra que confirma “niveles muy superiores a los registrados antes de la pandemia”.

El informe refleja además un “cambio de tendencia”: las condenas por “conducción sin permiso” (art. 384 CP) ya representan el 44% del total, casi las mismas que por “conducción bajo la influencia del alcohol y drogas” (art. 379.2 CP), que se reducen de forma significativa. En total, se dictaron 95.302 sentencias condenatorias por delitos de tráfico y el Ministerio Fiscal formuló 95.865 acusaciones, lo que equivale a “cerca de un tercio de la actividad penal en España”.

Asimismo, se destaca la “celeridad de la respuesta judicial”, ya que el 73% de los procedimientos se tramitaron por la vía de juicios rápidos y el 90% de las sentencias se dictaron por conformidad, lo que garantiza la ejecución inmediata de sanciones como multas, trabajos en beneficio de la comunidad o la retirada del permiso de conducir.

La memoria alertó del “incremento de siniestros vinculados a vehículos de movilidad personal (VMP)”, como patinetes eléctricos, muchos de ellos “manipulados para alcanzar velocidades superiores a las permitidas”. La Fiscalía advirtió de que se han detectado “conductas de riesgo” en aceras y la circulación de vehículos que, bajo apariencia de VMP, “son en realidad ciclomotores sin autorización para circular”.

Otro fenómeno preocupante es el “aumento de los casos de conducción en sentido contrario por autovías” (“kamikazes”), con siniestros mortales en varias comunidades autónomas.

El Ministerio Público puso en valor los avances en la atención a las víctimas, destacando la consolidación del “Protocolo Marco de colaboración con aseguradoras, asociaciones de víctimas y colegios de abogados”, la difusión de la ‘Guía de Buenas Prácticas para la atención inmediata en siniestros viales’ y la propuesta de establecer un “seguro obligatorio para vehículos de movilidad personal”.

En el plano internacional, España reforzó su participación en los mecanismos europeos de reconocimiento mutuo de sanciones y retirada del derecho a conducir, con el fin de “evitar que los infractores eludan las condenas en otros países de la UE”.

La Fiscalía concluyó que, pese a los avances en coordinación institucional y en eficacia judicial, el “repunte de víctimas mortales” y la “estabilización de las cifras de siniestralidad” obligan a “redoblar esfuerzos en educación vial, control policial, reformas normativas y apoyo a las víctimas”, con el objetivo de “frenar el estancamiento actual y recuperar el ritmo de reducción de muertes en carretera”.