En la Memoria se explica que la delincuencia económica a gran escala, que incluye defraudaciones masivas, fraude fiscal y delitos contra consumidores, originó 591 macrocausas en 2024, que son investigadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Los procedimientos asignados a esta unidad se caracterizan por una "especial trascendencia" y complejidad en su tramitación, como establece el artículo 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La demora en la fase de investigación e instrucción "daña la eficacia y credibilidad de la Administración de Justicia", como ha advertido la Sala Segunda del Supremo en diversas sentencias, entre ellas las relacionadas con los casos Hacienda y Cooperación.

ESTRATEGIAS DILATORIAS

Entre los factores que explican estas dilaciones destacan la multiparcialidad de investigados y perjudicados (entre ellos la presencia de acciones populares); la conexidad entre causas; los aforamientos y la necesidad de elaborar complejas periciales económicas.

El marco procesal actual permite que las estrategias dilatorias de los investigados encuentren "terreno abonado" gracias a un sistema de recursos sobredimensionado, según destaca la Fiscalía en la Memoria.

Esta situación provoca consecuencias negativas como la ocultación del producto del delito, la prescripción de los casos o la sistemática apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas.

La exposición pública de los investigados, sometidos a juicios paralelos que dañan su presunción de inocencia, es otro de los efectos indeseados que señala el Ministerio Público.

AUMENTO DE PROCEDIMIENTOS

La Fiscalía Especial contra la Corrupción experimentó en 2024 un incremento en el número de procedimientos penales, alcanzando los 915 frente a los 885 del año anterior.

Se mantuvo estable el número de diligencias de investigación preprocesal, con 28 casos tanto en 2024 como en 2023, según detalla la memoria presentada.

El balance judicial refleja un alto grado de efectividad, con 26 sentencias condenatorias de un total de 34 dictadas por la Audiencia Nacional durante el periodo analizado. Las ocho sentencias absolutorias restantes completan el balance de resoluciones judiciales en casos de corrupción durante 2024, mostrando una elevada tasa de condenas.

REFORMA NECESARIA

La Fiscalía considera "imprescindible" una mejora en la dotación de medios a los tribunales y propone crear órganos especializados de instrucción y enjuiciamiento en materia económica.

También se destaca que la investigación de la corrupción cuenta con unidades especializadas en Policía (UDEF), Guardia Civil (UCO) y Fiscalía, pero esta especialización "se quiebra" al llegar a las fases de instrucción y enjuiciamiento.