Los dos ex directivos, que ingresaron en la prisión de Carabanchel la madrugada del pasado día 14 después de testificar ante el juez Miguel Moreiras, acusaron a Alcazar de haber sacado dinero negro fuera de España cuando era director general de Eurocapital, entidad que poseía el cien por cien del capital del BEF.

Sin embargo, José del Alcazar manifestó a la salida del juzgado que todo eran "falsedades" y no quiso hacer más cmentarios al respecto por estar "cansado después de llevar cinco horas aquí".

Su abogado, Miguel Bajo Fernández, explicó que durante la comparecencia su defendido presentó numerosa documentación que demostraban que las imputaciopnes eran falsas junto al informe realizado por el Banco de España en el que se señala que las irregularidades comenzaron después de que del Alcazar abandonara el grupo.

"Es el mismo fenómeno que se produce en toda organización que quiere cargar sus culpas sobre una person fallecida", dijo el letrado, "en este caso no está muerto, pero abandonó el holding hace más de un año y se encuentra en una situación sencilla para imputarle todas las irregularidades".

SE AGRIARON LAS RELACIONES

El abogado relató que las relaciones de los acusados con José del Alcázar fueron buenas hasta mayo de 1990, cuando se volvieron tirantes "porque Peiró quiso desplazar a Alvaro García-Lomas (consejero del banco, también citado por el juez) e introducir a Longinos Sánchez", un constructor qe era el primer accionista del BEF al saltar el escándalo.

Precisó que éste fue uno de los motivos que indujeron a su cliente a presentar la dimisión "además de porque disentía de los créditos que tan alegremente se concedían a Longinos Sánchez y a Unicaja".

Reiteró que del Alcázar "no tiene nada que ver con los agujeros del grupo y del BEF" (que según la denuncia de la fiscalía pueden ascender a 600 millones de pesetas) y añadió que "desde ahora, que el juez no ha decretado ninguna medida contraél ni el fiscal un acusación, estamos en condiciones de acreditarlo".

El juez Moreiras, titular del juzgado central de instrucción número 3, no ha citado nuevamente al ex director general de Eurocapital, aunque Miguel Bajo auguró que los encarcelados solicitarán careos cuando conozcan su declaración.

Por otra parte, Moreiras ha ofrecido acciones al representante apoderado de la Diputación foral de Vizcaya por si quiere personarse como acusación del caso, ya que según la demanda del fiscal, el BEFnegoció desde abril de 1991 con pagarés forales sin resguardo oficial por valor cercano a 1.400 millones de pesetas.

Este dinero se destinaba presumiblemente a negocios privados de los implicados o de personas cercanas.