De esta forma, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cumple con lo expresado ayer por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien anunció la oposición de su departamento a la querella, a la que calificó de "fraude".

El Ministerio Público señala que no se puede iniciar una causa general "dirigida a investigar toda la política desarrollada -por muy reprobable esta sea- por la anterior Administración de Estados Unidos".

En el escrito remitido hoy al juez Baltasar Garzón, firmado por el propio fiscal jefe de la Fiscalía, Javier Zaragoza, el Ministerio Público señala además que la querella, presentada por un grupo de abogados españoles en nombre de la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, tendría que haberse presentado primero en Estados Unidos.

El Ministerio Público indica que en este caso la jurisdicción española debería ser subsidiaria, es decir, que España sólo pordría investigar los hechos si Estados Unidos se hubiese negado a iniciar un proceso judicial al respecto.

El escrito destaca la necesidad de "establecer unos criterios jurídicos claros y taxativos que delimiten las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal" e indica que, en este sentido, se consultará al propio Conde-Pumpido para que fije "la posición de la Fiscalía en todos los procedimientos existentes en la Audiencia Nacional por aplicación al principio de justicia universal".

De esta forma, la Fiscalía pretende delimitar la aplicación del principio de justicia universal por parte de la Audiencia Nacional, en el sentido de lo expresado por el Gobierno, en concreto por el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en relación con la querella presentada en la Audiencia Nacional contra el Gobierno de Israel por los bombardeos en Gaza.

El departamento dirigido por el fiscal Zaragoza señala también que las personas contra las que va dirigida la querella, seis asesores legales de Bush considerados los artífices del "andamiaje" legal que permitió la apertura de Guantánamo, no pueden ser considerados responsables directos de un delito de torturas, tal y como sostenían los querellados.

En este sentido, critica que la querella esté dirigida "contra quienes elaboraron informes jurídicos y no contra quienes adoptaron las decisiones ejecutivas o contra quienes ejecutaron hechos concretos".

Por último, el departamento dirigido por Zaragoza señala que, de haberse admitido a trámite, la querella debería haber recaído en el juez Ismael Moreno y no en Garzón, ya que este magistrado es quien está investigando los vuelos de la CIA que hicieron escala en España cuando suspuesta transportaban a presuntos terroristas islámicos a Guantánamo, una causa que estaría conectada con los hechos denunciados en la querella.

El escrito afirma que "no es aceptable que el decanato (de la Audiencia Nacional) haya remitido directamente la querella" al juez Garzón "en atención a una inconcreta e insuficiente referencia sobre los antecedentes" de otras causa investigadas por el mismo magistrado.

Por lo tanto, el escrito la Fiscalía pide que la querella sea devuelta al decanato de la Audiencia Nacional para que este lo remite al juez Moreno, quien, a su vez, deberá rechazar su admisión a trámite.

POLÉMICA DE CONDE-PUMPIDO

La querella, presentada el pasado 17 de marzo, está dirigida contra Alberto R. Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos; así como contra otros miembros de la Administración de George W. Bush como David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.

Además de anunciar el rechazo de la Fiscalía a la querella, Conde-Pumpido acusó ayer a los promotores de la misma de utilizar la Audiencia Nacional "como un juguete" para conseguir "protagonismo".

Ante estas palabras, uno de los letrados artífices de la querella, Antonio Segura, anunció en declaraciones a Servimedia que los promotores de la denuncia están estudiando pedir amparo al Consejo General de la Abogacía Española y acusó a Conde-Pumpido de ser él quien maneja la Audiencia Nacional como un juguete.

El letrado, que no ocultó su malestar, quiso dejar claro que los abogados se toman "muy en serio los tribunales de justicia". "El fiscal general tiene que dar argumentos jurídicos y no entrar en valoraciones personales", señaló.