Así lo ha destacado el Consejo Fiscal, órgano assor del fiscal general del Estado, durante el análisis que hoy ha realizado sobre el anteproyecto de Ley de Vigilancia Penitenciaria, según informó al término de la reunión el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo.

Ortiz Urculo, que presidió la reunión del Consejo, resaltó también la preocupación del ministerio fiscal porque, según el anteproyecto elaborado por el Gobierno, los jueces y fiscales puedan delegar en los secretarios judiciales o funcionarios del juzgado las visitas a los centros peitenciarios para comprobar sus condiciones. A su juicio, es necesario sustituir ese precepto para que las visitas las realicen personalmente los primeros.

Además, indicó que durante la reunión ha informado al Consejo Fiscal del inicio de los trámites para elaborar un reglamento que desarrolle el Estatuto del Ministerio Fiscal, dado que el actual data de 1969 y por tanto es preconstitucional.

Por otra parte, preguntado sobre la demanda de conciliación anunciada por el PP contra Felipe González porsus acusaciones sobre la financiación ilegal de ese partido, el fiscal general afirmó que desconoce su contenido pero agregó que el hecho de que la Justicia tenga que ver un asunto político no implica una politización de la justicia, sino que simplemente hay abundancia de asuntos que proceden de un ámbito determinado.

Agregó que la judicialización de la política y la politización de la justicia son dos cosas que se pueden producir, pero indicó que "cuando cada uno actúa en su sitio, cada uno cumple co su función".

Finalmente, anunció que ha solicitado a la Fiscalía de Baleares un informe detallado sobre contenido, situación procesal y medios de que dispone para investigar el denominado 'caso Calviá', para decidir posteriormente si esa causa es remitida a la Fiscalía Anticorrupción.