Durán, que es uno de los ocho acusados del llamado "caso Telecinco", fue el primero de los implicados en prestar declaración, después de que la vista oral por esta causa se iniciase el 10 de julio con la resolución de las cuestiones formales planteadas por los letrados.

El ex presidente de Telecinco, para el que el Ministerio Público pide 14 años de cárcel y 103 millones de euros de multa, fue interrogado durante tres horas por las circunstancias de la formación del accionariado de esta cadena privada, así como por los movimientos en el capital que se produjeron en los primeros momentos.

En este sentido, Durán, que está acusado de fraude fiscal y otros delitos, relató al tribunal que la ONCE decidió entrar en el capital de Gestevisión Telecinco para publicitar el cupón y ante el alto precio exigido para ello por Televisión Española, algo que le llevó a hacerse con el 25 por ciento del accionariado de la cadena privada a través de la sociedad Divercisa.

SALIDA DEL GRUPO ANAYA

Según Durán, la incorporación del empresario Silvio Berlusconi y de su grupo Fininvest se produjo a instancias de Germán Sánchez Ruipérez, dueño del Grupo Anaya, que se hizo con otro 25 por ciento de Telecinco.

Una parte importante del interrogatorio de Durán estuvo referido a la crisis que surgió en el accionariado de Telecinco cuando el Grupo Anaya decidió abandonar el proyecto por discrepancias con la línea que quería imprimir al mismo Fininvest, partidario de una televisión más comercial.

Esta crisis dio lugar a un movimiento de acciones en Gestevisión Telecinco a principios de 1990, proceso por el que Sánchez Ruipérez se desprendió del 25 por ciento del capital, mientras que Juan Fernández Montreal se deshizo del 15 por ciento que estaba a su nombre.

TRASPASO DE ACCIONES

El interrogado explicó que para llevar a cabo este cambio de titularidad de acciones se firmó un "contrato de mandato", que suscribieron Sánchez Ruipérez, Fernández Montreal y el propio Durán. En este sentido, el acusado dijo que este acuerdo no era un contrato de compra-venta, sino un acuerdo para colocar estas acciones.

En función de este contrato, el dueño del Grupo Anaya debía recibir 3.750 millones de pesetas, mientras que Fernández Montreal recibiría 1.500. No obstante, la fiscal preguntó por qué el 25 por ciento del dueño del Grupo Anaya acabó siendo adquirido por el empresario Javier de la Rosa por 6.000 millones de pesetas.

En este sentido, el compareciente declaró que Divercisa recibió 900 millones de pesetas por el riesgo asumido al comprometerse a buscar comprador de las acciones. Asimismo, afirmó que Promociones Calle Mayor percibió 1.350 millones para compensarla por haber renunciado a su derecho preferente a la compra de acciones.