El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, defendió la importancia de que en los procedimientos criminales haya investigados que denuncien hechos delictivos, una posibilidad que quedaría en entredicho si esta colaboración no se premia con rebajas de pena porque se "impondrá la ley del silencio".

Estas afirmaciones del fiscal se producen en la última sesión del ‘juicio mascarillas’ y durante la exposición de las conclusiones del fiscal que el pasado lunes recibió la orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que mantuviera la petición de pena en el caso de Aldama.

Luzón destacó la importancia de esas colaboraciones en la lucha contra la corrupción y pese a mantener su petición, dejó abierta la posibilidad de una rebaja de hasta dos grados de la pena a Aldama en el caso del delito de organización criminal, uno de los que se le atribuye.

En cualquier caso, el fiscal indicó que la mera declaración de Aldama pueda ser considerada una prueba en si misma. El empresario acusó al presidente del Gobierno de ser la cabeza de la trama. Y señala que la acusación de la Fiscalía tiene en cuenta sus revelaciones, y también otros elementos probatorios. En ese sentido, añadió “la prueba es tan abundante, que la declaración de Aldama no es decisiva”.

JESSICA

En relación con el pago del alquiler del piso de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, el fiscal considera que es “el comienzo de la corrupción” y “un pago en claro beneficio” del exministro. Luzón no duda de que la relación sentimental existiera y aseguró que Koldo García habría sido un colaborador necesario de esta mordida.

Ya en el punto relativo a la contratación de Rodríguez en dos empresas públicas, el fiscal aseguró que Ábalos consiguió trabajo a su expareja y enmarcó esta actuación en la “colonización” de las empresas públicas por las distintas administraciones para aparcar a “expolíticos” y para el “sustento de familiares”. En ese “contexto cuasi colonial”, aseguró, “los meros deseos” del ministro “se convierten en órdenes ejecutivas” que se trasladan a a la presidenta de Adif.

Sobre la contratación del Claudia Montes en Logirail, el fiscal consideró probado que hubo gestiones tanto de José Luis Ábalos como de Koldo García y destacó que el asesor llegó a intervenir cuando la mujer se quejó de que estaba siendo víctima de acoso en la empresa.

En cuanto a la compra del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), el fiscal indicó que estuvo “ligada a las expectativas de obtener la licencia de hidrocarburos” y que Aldama esperaba conseguir con la mediación de Ábalos y García. Tras una reunión en Industria, los socios del comisionista dan por hecho que esa licencia se conseguirá y pocos meses después se compra el inmueble.

Tras el cese de Ábalos como ministro los socios de Aldama se muestran preocupados, y empiezan a exigir el pago de las rentas impagadas. La licencia acaba siendo denegada y en entonces cuando Claudio Rivas, exige a Aldama iniciar el “desahucio”, por lo que “la compra del chalet está ligada indisociablemente a las expectativas de obtener la licencia, como el desahucio de ese chalet está ligado al fracaso de esas mismas expectativas”, concluye el fiscal.