Además de diseñar conjuntamente planes de estudio y formación, el convenio establece que Notariado y Fiscalía actualizarán los actos de comunicación que afecten a estos colectivos vulnerables mediante la Red de intercomunicación bidireccional creada a tal fin entre ambos operadores.

Por su parte, el Ministerio Fiscal también ha modificado su papel, que trasciende el ámbito procesal, y pasa de la defensa del interés de la persona con discapacidad, a la defensa de la voluntad, deseos y preferencias de la persona.

Asimismo, este nuevo convenio refuerza la protección a las personas menores de edad que ya vienen ejerciendo la Fiscalía y el Notariado, y es que éste actúa como testigo directo de situaciones familiares que justifican los documentos que autoriza, cuando afectan al ámbito personal y/o patrimonial de aquéllos.

Tras la firma, García Ortiz se refirió a la reforma en el ámbito del derecho de la ley 8/ 2021, que ofrece un mayor protagonismo de la autonomía de las personas con discapacidad, y otorga un papel relevante al notariado en el nuevo sistema de apoyos.

Por su parte, Barrio destacó que “este convenio renueva la estrecha colaboración mantenida desde la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado con la Fiscalía General del Estado. Aunque trabajemos por distintos caminos, notarios y fiscales perseguimos el mismo fin, y desde hace años colaboramos codo con codo generando sinergias para reforzar la protección jurídica de diferentes colectivos, tales como el de las personas con discapacidad y sus familias, personas mayores, menores o inmigrantes”.

Para el Ministerio Fiscal, la firma de este convenio facilitará tener conocimiento de aquellos supuestos, situaciones o circunstancias que las fiscalías deben prevenir para impedir la vulnerabilidad de ciertas personas, y permitir el eventual ejercicio de las competencias del Ministerio Fiscal en defensa de las personas que, ya sea por su edad o por su discapacidad, pueden encontrarse en situación de riesgo.

Este convenio fue suscrito por primera vez en julio de 2016 por la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y el Presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, con el fin de establecer un sistema de comunicación de los Notarios a las Fiscalías que permitiera determinar la existencia de menores y de personas en situaciones de incapacidad, con el fin de proteger su patrimonio frente a situaciones de abuso o perjuicio económico.