Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal han presentado su escrito, una vez recibida la instrucción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que unifica criterios en relación con las condenas por malversación, tras la reforma de este delito.

Los dirigentes independentistas fueron condenados por los delitos de sedición y malversación por el Tribunal Supremo. Ambos delitos han sido revisados recientemente, pero los fiscales entienden que los hechos enjuiciados como malversación tienen cabida en el nuevo artículo 432 del Código Penal y alternativamente en el 432 bis, que establecen una horquilla de entre 10 y 20 años de inhabilitación absoluta.

Por ese motivo, entienden que deberían mantenerse las penas de 13 años de inhabilitación absoluta impuesta a Oriol Junqueras y de 12 años para Romeva, Turull y Bassa, puesto que los tramos que contempla la nueva norma son “idénticos” a los que les fueron impuestos en la sentencia de 2019 y que, por tanto, al no ser más favorable a los condenados, no debe revisarse.

Además, la Fiscalía defiende que en tras la reforma del delito de sedición la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell sea condenada a nueve años y dos meses años de inhabilitación (siete años y seis meses de inhabilitación absoluta, más un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público), mientras que para los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull pide ocho años y dos meses de inhabilitación (seis años y seis meses de inhabilitación absoluta, más un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público). En el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, la Fiscalía quiere que se deje su condena en cinco años de inhabilitación por los desórdenes públicos agravados.

Además, los fiscales se oponen a la decisión del juez Llarena de no atribuir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los procesados huidos, entre los que destaca el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont.