En un comunicado, la patronal catalana alerta de los “riesgos económicos y sociales” de la medida y propone un decálogo para defender la concertación y la sostenibilidad del sistema productivo.

Durante la presentación del manifiesto, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, calificó la iniciativa del Ministerio de Trabajo como “el error económico más grave en 46 años de democracia si llegara a salir adelante” y denunció que una reducción por ley y de manera unilateral de la jornada laboral supondría un incremento del 7% en los costes laborales y un impacto estimado de 23.000 millones de euros para las empresas españolas.

La medida debe votarse en el Congreso de los Diputados y su debate se ha retrasado hasta septiembre para intentar obtener los apoyos suficientes.

Foment reclamó hoy a las fuerzas políticas y sociales que se pronuncien en contra y agradeció a PP, Vox y Junts que hayan presentado una enmienda a la totalidad y “por mantenerla a pesar de las presiones”.

La patronal catalana defiende avanzar hacia modelos laborales “más equilibrados y sostenibles” a través del diálogo social y la negociación colectiva y “no por imposición legislativa”. En este sentido, recordó que cerca del 30% de los convenios colectivos firmados en Cataluña ya establecen jornadas por debajo de las 37,5 horas. En Europa, solo Bélgica y Francia tienen límites legales inferiores a las 40 horas. En Alemania, Dinamarca e Irlanda, alcanzan hasta las 48 horas.

Además, el manifiesto presentado hoy pone de relieve otros grandes retos para la competitividad, como el absentismo laboral, que cifró en un 3,1% del PIB; el coste energético; la fiscalidad asfixiante; la lentitud administrativa, y las deficiencias en infraestructuras, como el Corredor Mediterráneo.

El decálogo propuesto por la patronal recoge preservar el diálogo social como pilar democrático, “decir no a las imposiciones y sí a la concertación”, evitar propuestas “desconectadas” de la realidad empresarial, defender la flexibilidad para el crecimiento, enfrentar la baja productividad, “alertar” sobre los costes que comprometen la viabilidad empresarial, visibilizar el impacto negativo sobre sectores esenciales y colectivos vulnerables, recordar que Europa “va en otra dirección”, reafirmar el compromiso con el diálogo y la concertación y hacer un llamamiento a la unidad para “evitar medidas que perjudiquen el empleo y la economía”.