La patronal catalana sostuvo que el órgano consultivo ha confirmado sus advertencias sobre una posible vulneración del derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica, además de cuestionar aspectos competenciales de la iniciativa.

En un comunicado, Foment se sumó a las críticas expresadas por la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y asociaciones de propietarios, y rechazó que el Govern opte por introducir modificaciones parciales para mantener el contenido esencial de la propuesta.

La organización empresarial defendió que una norma que, a su juicio, nace con objeciones jurídicas y sin consenso suficiente "no debe maquillarse" sino retirarse.

Asimismo, reclamó al Ejecutivo catalán que abandone la política de "imposición" y abra un proceso de diálogo con los sectores implicados para abordar el problema de la vivienda.

Foment argumentó que la iniciativa no contribuirá a incrementar la oferta residencial porque no impulsa la construcción de nuevas viviendas, no moviliza suelo ni facilita la concesión de licencias o la rehabilitación de inmuebles.

La patronal también rechazó que se considere especulativa cualquier adquisición de vivienda que no responda al uso previsto por la Administración y defendió el derecho de los particulares a comprar inmuebles para rehabilitarlos, destinarlos a familiares o invertir en ellos.

Además, criticó la tramitación de la proposición de ley por considerar que una reforma de esta naturaleza no debería aprobarse sin escuchar a ayuntamientos, organizaciones empresariales, operadores jurídicos y otros sectores afectados.

Foment insistió en que la solución a la crisis de la vivienda pasa por aumentar la oferta, movilizar más suelo, reducir la burocracia, agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la seguridad jurídica para atraer inversión.