En sus conclusiones definitivas, el abogado del Estao pide 10 años y seis meses de prisión para el ex ministro de Interior José Luis Corcuera, al acusarle de dos delitos continuados de malversación. En este caso, la rebaja de solicitud de condena es de dos meses.

Asimismo, a su antecesor en la cartera de Interior, José Barrionuevo, le rebaja la petición de pena de siete a seis años de cárcel. A Vera, secretario de Estado de Seguridad durante los mandatos de Barrionuevo (1983-1988) y Corcuera (1988-1993), le pide siete años de prisión, en lugar de los oho que reclamaba al empezar el juicio. Además, pide la incautación de sus fincas de Torrelodones (Madrid) y de Alpera-Higueruela (Albacete).

En su escrito, el abogado del Estado explica que "Barrionuevo, en su calidad de ministro y responsable final del uso y disposicion de los fondos reservados, autorizó a Rafael Vera como encargado directo de la administración y destino, la aplicación de importantes cantidades tanto para incrementar el patrimonio de este último como el de los directores generales dela Policía y de la Guardia Civil así como el de algunos gobernadores civiles del País Vasco y Navarra".

Según las conclusiones definitivas del abogado del Estado, el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal deberá cumplir siete años de prisión, al igual que el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado. Para el ex gobernador civil de Vizcaya Ignacio López y para el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez pide 4 años de cárcel.

DEDUCCION D TESTIMONIO

En sus conclusiones definitivas, la acusación particular de José María Ruiz Mateos, ejercida por el letrado Marcos García Montes, solicita a la Sala que investigue la utilización de fondos reservados destinados a la seguridad de Presidencia del Gobierno durante la etapa socialista.

Asimismo, pide a la Sala la deducción de testimonio del ex presidente del Gpobierno Felipe González, "por no colaboración con la Administración de Justicia al acogerse al derecho de secreto por la seguridadnacional sin especificar su contenido", de su secretaria, Pilar Navarro, del general José Antonio Sáenz de Santamaría y del suegro de Vera, Enrique Esquiva.

Por otra parte, la asociación de Estudios Penales, que ejerce la segunda acusación particular y que sólo acusa a Sancristóbal y a Alvarez, mantiene la misma petición de penas.