Según explicó la plataforma vecinal, el primer lanzamiento de un inquilino de las antiguas promociones de vivienda asequible de La Caixa en Madrid está previsto para este miércoles, 23 de septiembre, a las 9.30 en la promoción del Ensanche de Vallecas. Ese mismo día, en The District, una de las principales citas internacionales del sector inmobiliario que se celebra en IFEMA, CaixaBank protagonizará a las 13.00 horas una sesión sobre mercado, financiación residencial e inversión inmobiliaria. A las 15.30 participará también Juan Gómez Vega, responsable para el sur de Europa de Deutsche Finance International (DFI) y presidente de Farley ITG, sociedad propietaria de la promoción de Pinto.

La conexión con The District alcanza también a la estructura financiera vinculada a Mosaic Propco, propietaria de las promociones de Vallecas y Vicálvaro. Al día siguiente, jueves 24, intervendrá Oriol Espinet, responsable en España de Morgan Stanley Real Estate Investing, gestora de un fondo situado en la estructura de propiedad de Mosaic. Así, los vecinos señalaron que "mientras el sector financiero debate sobre inversiones", los vecinos se está organizando "para permanecer en unos pisos construidos originalmente como vivienda asequible.

Desde la Fravm explicaron que David y su hijo son una de las más de 500 familias de las tres promociones de obra social de La Caixa de Madrid –Vallecas, Vicálvaro y Pinto– que luchan por poder quedarse en sus casas. La Caixa anunció la no renovación de sus contratos de alquiler y la venta de todas las viviendas a distintos fondos. Tras presentar una demanda judicial contra Caixabank por "cláusulas abusivas y por especular con viviendas sociale", y tras meses de “presión y acoso” según la Fravm, por parte de la nueva propiedad, los vecinos resisten en sus casas en la campaña ‘Nos Quedamos’.

Los vecinos han solicitado también al Ayuntamiento de Madrid que actúe de manera inmediata, dado que el suelo sobre el que se levantan estas promociones fue cedido para vivienda asequible. Asimismo, los vecinos relataron que el Estado mantiene una participación cercana al 18% en CaixaBank, lo que lo vincula directamente con las decisiones de la entidad, aunque tampoco ha ofrecido una solución.