“El anteproyecto presentado por el Gobierno contempla la reducción de la carga lectiva semanal del profesorado como una medida destinada a mejorar las condiciones en las que se desarrolla la función docente y, en consecuencia, la calidad del sistema educativo. Sin embargo, esta reducción se prevé únicamente para el profesorado de los centros públicos, excluyendo al profesorado de los centros concertados a pesar de que estos también forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos y desarrollan el mismo currículo oficial”, lamentó el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

Según FSIE, su posición está respaldada por el Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de participación de la comunidad educativa, que aprobó por unanimidad en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley la necesidad de extender la reducción de la carga lectiva al profesorado que presta el servicio público de la educación a través de los centros privados concertados, en coherencia con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica de Educación.

Paralelamente, FSIE ha trasladado esta reivindicación a los consejeros de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, solicitando su apoyo en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Ministerio y las administraciones educativas autonómicas.

Para FSIE, resulta "incomprensible" que una medida que el propio Gobierno considera necesaria para mejorar la calidad educativa y las condiciones del profesorado "no se aplique a todos los docentes que forman parte del servicio público de la educación".

Esta acción se enmarca en la campaña 'Mismo trabajo, mismos derechos', impulsada por FSIE, que tiene como objetivo lograr la equiparación real y efectiva de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada con las de sus homólogos de la enseñanza pública, tal y como establece la Ley Orgánica de Educación.

FSIE subrayó que esta campaña "no responde a una acción puntual ni a intereses coyunturales, sino a una estrategia sostenida en el tiempo destinada a garantizar la igualdad de derechos para todos los profesionales que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos".