En una rueda de prensa en la que participaron por parte de Funcas Raymond Torres y Manuel Lago, así como el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, analizaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

Torres defendió una “focalización” de la política fiscal y consideró que el “carácter selectivo” del plan de contingencia para reducir el consumo energético y hacer frente a la inflación “va a ser importante”. “No puede ser que estemos ayudando a sectores enteros” y capas de la población “sin incentivos”, más que entregar la ayuda, consideró. Destacó que además de hogares vulnerables, se debe ayudar a empresas electrointensivas.

Destacó que este plan deberá incorporar financiación y contempló que “quizás no será posible financiarlo todo a corto plazo”, y en ese escenario, “podríamos pensar en un despliegue de fondos europeos distinto” y “repriorizar algunos”. Recordó que quedan unos 80.000 millones de euros disponibles para España en préstamos que se pueden solicitar.

Todo esto se produciría en un contexto en el que Funcas contempla una recesión técnica en el último trimestre de este año o en el arranque del próximo año.

Sobre esto, Lago, que también es profesor de la Universidad de Vigo, se posicionó en contra de “prorrogar todo” y opinó que la bonificación universal al combustible se tendrá que “repensar” porque es “muy costosa”, así como las rebajas del IVA. Propuso que la parte de energía se conduzca a través del bono social y de revisiones de los mecanismos de fijación de precios de la energía.

Respecto al déficit público, Torres afirmó que las cifras “no avalan una corrección a medio y largo plazo de los desequilibrios presupuestarios” y, si bien el incremento de la recaudación estimado por el Gobierno está en línea con el de Funcas, esta organización prevé un crecimiento del gasto público de casi el doble.

“Es importante colocar ya los desequilibrios en una senda de corrección”, urgió, y destacó que España es junto con Francia el único país que ha conocido un déficit primario, descontando el pago de intereses, desde 2014, convirtiéndolo en un caso “prácticamente único de desequilibrio estructural de las cuentas públicas”. Funcas estima ese déficit permanente en un 4%.

Desde el IEE, Izquierdo expuso que su organización deberá revisar la previsión de crecimiento del PIB a la baja, puesto que estima un 1,2% en 2023 y “posiblemente está más cerca” del 0,7% previsto por Funcas, e incluso planteó la posibilidad de un comportamiento del empleo negativo.

Consideró que la corrección del déficit queda para la próxima legislatura y acusó el “problema” de sostener la consolidación presupuestaria en subir impuestos que “recaen siempre sobre las empresas”.

Izquierdo también echó en falta reformas estructurales como una para reducir el gasto público y la “inseguridad jurídica” como en el impuesto a la banca.

Por su parte, Lago añadió que su valoración de los presupuestos es “positiva” y la consecución de ingresos plasmada en los PGE es “factible” y compatible “incluso con escenarios de crecimiento real por debajo del 2,1%” de crecimiento del PIB previsto por el Gobierno.

Sobre los fondos europeos, Torres destacó que el efecto impulsor se puede perder si se genera un gasto público estructural derivado de esos fondos y afirmó que, de momento, “han tenido poco impacto” para mejorar la productividad.