El investigador de Funcas Ignacio Ezquiaga y el socio de KPMG Carlos Bardavío participaron en un debate sobre la política de vivienda en el XLIII Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) bajo el título ‘Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía’ organizado en Santander por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con el patrocinio de BBVA.

Ezquiaga puso el foco en el suelo vacío inmovilizado para indicar que se podrían añadir 1,5 millones de viviendas que aumentarían el parque de vivienda en un 17,8%. El 29,8% de estos suelos sobre los que construir están en manos de ayuntamientos y “son suelos gratis” que poseen. Enfatizó que no están en lugares recónditos, sino que son “suelos bastante normales”, y lamentó que es “inconcebible” que “en una crisis residencial como la que tenemos hoy” los ayuntamientos dediquen los suelos a aparcamientos, a zonas para mascotas o a instalar un circo.

También indicó que la cartera de suelos vacíos de la Sareb -el conocido como ‘banco malo’ de la crisis financiera cuyos activos se están transfiriendo a la nueva empresa pública de vivienda- tiene un potencial de unas 300.000 viviendas y resaltó que los ‘servicers’ que lo gestionan cobran comisiones, aunque sean suelos vacíos.

Ezquiaga propuso que los suelos de los ayuntamientos se entreguen gratis para construir vivienda de protección oficial con la intención de que abarate los precios y los suelos que no se liberen sean penalizados.

La clave, según dijo, es que se construya vivienda “suficientemente barata para acceder”, pues “el 65% de los hogares que buscan primera vivienda o que la necesitan están fuera del mercado por la accesibilidad”.

Desde KPMG, Bardavío se postuló en favor de los incentivos en lugar de las penalizaciones. A su juicio, no se está acertando con el diagnóstico ni con la solución y anotó que la vivienda está en un 90% en manos de particulares y que es un producto que compite con otros en rentabilidad como la vivienda turística o el alquiler habitacional.

Como soluciones planteó promover el alquiler a personas vulnerables mediante incentivos fiscales como que el alquiler no tribute en el IRPF y dar “seguridad jurídica”, máxime “en un momento de recaudación tributaria bastante sano donde se recaudan muchísimos impuestos”. También propuso que se reduzcan los impuestos para quienes pongan vivienda en venta.

Bardavío admitió que el incentivo fiscal “casa mal con la ideología de izquierda o socialdemócrata”. De otro lado, también consideró que el libremercado “no funciona” para un problema de acceso a la vivienda.

Sobre la ley de vivienda, opinó que ha servido para favorecer al inquilino existente, perjudicar a los nuevos y desincentivar la entrada de vivienda en el mercado para alquiler. Indicó que, según datos que maneja KPMG, con la ley de vivienda han desaparecido del mercado 120.000 viviendas en alquiler, de las cuales 60.000 en Cataluña. Para Funcas, la ley también ha beneficiado al inquilino existente y ha incrementado la oferta.