La tesis de la invasión de competencias es sostenida por el PP, que ya ha hecho trámites para solicitar dichos informes al Congreso. Por su parte, CiU es partidaria de "acatar" la sentencia cuando "sea firme" y se compruebe que no hay posibilidad de recurso.

En ese momento, los convergentes creen que habrá que abordar con "consenso y cautela" la aplicación de la sentencia dictada ayer por la Audiencia Nacional.

Jané calificó la sentencia de "importante" por la "fuerte repercusin presupuestaria" que supondrá y añadió que "habrá que personarse para saber exactamente como se aplica una decisión de esa envergadura".

El diputado convergente insistió en que está a la espera de las decisiones de la Mesa y, si finalmente la sentencia es firme, "entendemos que habrá que buscar fórmulas de diálogo para aplicar esta sentencia de acuerdo con los sindicatos".

Finalmente, reconoció que en varios ejercicios presupuestarios se pidió "especiales sacrificios" a los funcionarios en aras e la contención presupuestaria, también bajo los gobiernos socialista en los años 1993 y 1994, fechas en la que no existía un acuerdo para mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos, como fue el caso de 1997 a que se refiere la sentencia.