Así se desprende de las memorias del "Personal al Servicio del Sector Público Estatal" realizadas en ambos ejercicios por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a las que tuvo acceso Servimedia.

Aunque e informe de la IGAE de 1997 no entra en la razón de este fenómeno, la única explicación es que a la congelación salarial se unió el abaratamiento de costes laborales resultante del hecho de que quienes salieron ese año del sector público estatal, por jubilación, por transferencia a las comunidades autónomas, por la venta de empresas públicas, por terminación de contrato o por otras razones, ganaban más que la media de los empleados públicos y que quienes entraron por primera vez en ese ejercicio al servici de la Administración.

1,2 MILLONES DE TRABAJADORES

Los datos de la IGAE se refieren a un colectivo de alrededor de 1,2 millones de trabajadores pertenecientes a la Administración Civil, la Administración Militar, la Seguridad Social, las sociedades estatales y los entes públicos, y el coste laboral al que se hace referencia es el total, incluyendo el sueldo, la Seguridad Social a cargo del empleador, las aportaciones a sistemas complementarios de pensiones y otros gastos sociales.

En 1996, segn la memoria de la IGAE, había 1.216.338 empleados en todo este sector público estatal, con un coste laboral medio de 3.681.434 pesetas. En 1997, la cifra de empleados era algo menor, de 1.134.538 trabajadores, y el coste medio disminuyó hasta 3.573.604 pesetas, 108.000 menos (un 2,9% más bajo).

En ese descenso influyó decisivamente el deslizamiento salarial negativo entre los contratados laborales y, sobre todo, el derivado del recorte de efectivos en empresas y entes públicos. En 1996, esas empresastenían 211.638 trabajadores, con un coste medio de 5,4 millones de pesetas, y en 1997 pasaron a 185.601 empleados, con un coste laboral de 4,2 millones de pesetas. En 1997 dejaron de estar controladas por el Estado empresas como Endesa y Auxini, y se produjeron transferencias de universidades a las autonomías.

Sin embargo, el bloque central del personal, el integrado por los 755.941 funcionarios del Estado contabilizados a finales del 97 en la Administración Civil, Militar, Seguridad Social y Justicia no sufrió de hecho, en conjunto, ninguna cogelación: su coste laboral medio fue de 3.202.563 pesetas, frente a 3.057.065 en el ejercicio anterior.

Tampoco resultó congelado de hecho el sueldo de los altos cargos (de director general y cargo asimilado para arriba), que se situó en una media de 8.572.000 pesetas, frente a 8.390.000 del ejercicio anterior, ni el de sus asesores, que ganaron 4.302.000 pesetas, frente a 3.837.000 del 96.

INCENTIVOS Y GRATIFICACIONES

A que la congelación nominal fijda en los Presupuestos para todos los funcionarios no se tradujera en una congelación de hecho en la nómina global de estos colectivos contribuyeron, entre otros factores de más difícil cuantificación, los Incentivos al Rendimiento (Productividad y Gratificaciones).

En 1997, ese capítulo ascendió a 109.393 millones de pesetas, más que los 104.574 millones del ejercicio anterior, según los datos de la IGAE. La media por perceptor fue de 108.339 pesetas en la Administración Civil, 56.390 pesetas en la Aministración Militar y 355.431 pesetas en la Seguridad Social. Esta última cifra es muy elevada debido a que se retribuían con cargo a Incentivos al Rendimiento las guardias médicas efectuadas por personal sanitario.

El informe de 1997 de la IGAE puntualiza también que, "en la Administración Civil destaca la media por perceptor de los Incentivos al Rendimiento de los Departamentos Ministeriales de Presidencia (659.572 pesetas), Economía y Hacienda (397.427 pesetas) y Administraciones Públicas (370.015pesetas), cifras que se explican por el elevado porcentaje que suponen en su estructura los Altos Cargos, el Personal Eventual de Gabinete (los asesores de los altos cargos) y los Funcionarios de los Cuerpos Especiales de la Administración".

En definitiva, si algo se desprende de los datos de la IGAE es que la evolución de las retribuciones de los empleados del Estado en 1997 estuvo lejos de la uniformidad que, sobre el papel, debería derivarse de la congelación oficial de los salarios para todos, lo ue exigirá un compleja negociación en el caso de que finalmente Gobierno y sindicatos busquen un acuerdo para fijar la cuantía de las compensaciones.