El líder de IU argumentó que el coste económico que la anulación de la congelación salarial tendría para el Estado, cifrado en unos 3.000 millones de euros (medio billón de pesetas), ha prevalecido sobre la razón jurídica que instaba a respetar los acuerdos alcanzados ente un Gobierno y los empleados públicos.

"El Gobierno tenía capacidad para fijar el nivel salarial de los funcionarios, pero había un acuerdo previo que tenía una fuerza equivalente", explicó.

Llamazares añadió que ambas consideraciones "debían haber sido conciliadas por el Gobierno, que ha preferido, sin embargo, imponer la razón de Estado porque se jugaba medio billón de pesetas".

Por último, Llamazares afirmó que el fallo del Supremo "sienta un mal precedente", ya que da pie a que un Gobieno pueda incumplir pactos alcanzados por Ejecutivos anteriores.