Un representante sindical explicó a los periodistas tras el acto de la firma que esta medida supondrá una importante mejora para los empleados públicos, puesto que hasta ahora la movilidad se podía imponer por parte de la Administración de forma forzosa.

Sobre este punto, el ministro, Mariano Rajoy, declaró que su desarrollo se tendrá que negociar con las comunidades autónomas, y destacó las ventajas que puede suponer para funcionarios interesadosen intercambiar su puesto de trabajo desde distintas autonomías.

Otro aspecto que también tendrá que ser negociado con los sindicatos será la oferta pública de empleo de cada año, aunque el propio ministro advirtió que la Administración también gozará de mayor margen para arbitrar la política de recursos humanos.

El titular de Administraciones Públicas fue preguntado también sobre si las comunidades autónomas podrán disponer de la facultad de fijar su propia política salarial con sus funcionarios a lo que contestó que ellas tendrán su propio ámbito de decisión en el establecimiento de complementos y niveles salariales.

Rajoy destacó además que con el Estatuto, que será remitido a las Cortes en abril y posiblemente entrará en vigor en 1999, se separará la carrera profesional del puesto que esté desempeñando el empleado público, con lo que la remuneración y la categoría profesional de éste no dependerá de las funciones que le sean asignadas, sino de su avance en la carrera profesional.

Otr novedad es la creación de concursos específicos para acceder a puestos de cierta responsabilidad. Esta fórmula, que no exige tantos requisitos como el concurso oposición, tiene como objetivo reducir los puestos de libre designación.

RETRIBUCIONES SALARIALES

Rajoy anunció que en el plazo de quince días se reunirá la mesa de negociación de las retribuciones de los empleados públicos, que debe renovar el acuerdo suscrito en 1994 que ha expirado en este ejercicio.

Este foro será el encargado de cacular la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo durante los últimos años y también estudiará posibles mecanismos de compensación.

El ministro mostró su satisfacción por la firma del proyecto de ley con los sindicatos, puesto que se ha conseguido consensuar los intereses del Estado, los trabajadores y las administraciones territoriales.

La coordinadora del Area Pública de CCOO, María José Alende, destacó entre las cualidades del Estatuto que se reconoce expresamente que el Estado debe armoizar el crecimiento del empleo público en las distintas administraciones, a la vez que permite una negociación descentralizada del mismo.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, destacó el esfuerzo negociador hecho por las distintas partes y pidió a los partidos políticos y las comunidades autónomas que respeten el desarrollo de la ley en los términos acordados.

A su vez, el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, también solicitó a la autonomías que no desvirtuen el contenido del Estatuto y reconoció las virtudes del acuerdo, aunque no ocultó que hubiera preferido que los términos para desarrollar la carrera profesional hubieran quedado mucho más acotados.