Según explicó la entidad este miércoles, su calendario de actividades comenzó a finales de febrero con intervenciones en espacios institucionales de relevancia, entre ellas una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para “defender una ley de reconocimiento, reparación e indemnización” para las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas legalmente por razón de discapacidad.

Asimismo, organizó actividades del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad y participó en una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia para “analizar la situación de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad veinte años después de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Durante el mes de marzo, la Fundación ha intensificado su actividad con el lanzamiento de su ‘Memoria Social 2025’, intervenciones en medios de comunicación y la participación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. El 6 de marzo celebrará la lectura pública del manifiesto bajo el lema ‘Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad’.

La agenda incluye también encuentros estratégicos como la reunión del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad, sesiones del Consejo de Participación de Niñas y Adolescentes de la Fundación y debates sobre justicia, trata y explotación de mujeres y niñas con discapacidad.

En el ámbito internacional, la entidad participará en la CSW70 y en encuentros con ONU Mujeres sobre “las brechas sistémicas en el acceso a la justicia”, así como en jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial en Extremadura y en distintos foros académicos europeos.

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y su Fundación Cermi Mujeres subrayaron que el 8 de marzo debe servir para “reforzar el compromiso institucional y social con la igualdad efectiva, eliminando las barreras estructurales” que impiden a muchas mujeres y niñas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos.

La entidad reclamó “políticas públicas con enfoque interseccional, protección frente a la violencia, acceso real a la justicia y participación plena en todos los ámbitos de la vida social, política y económica”.