Así lo expresó la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, en una entrevista a Servimedia con motivo del 8-M, en la que también denunció que el acceso a la Justicia de las mujeres y niñas con discapacidad está vulnerado hasta el punto de que “muchas ni siquiera logran entrar en el sistema de Justicia”, y cuando lo hacen “sus testimonios son deslegitimados”.

Peláez también describió que hay denuncias de mujeres con discapacidad llegan a ser “desestimadas” y acaban enfrentándose a “sentencias que las revictimizan” o, incluso, “sugieren una corresponsabilidad inexistente en los hechos”. Precisamente, este tema es en el que se centra el manifiesto de la Fundación Cermi Mujeres de este año.

Asimismo, Ana Peláez señaló que la CSW70 (que reúne en Naciones Unidas a todos los responsables de igualdad y derechos de las mujeres de todo el mundo), estableció también este tema como prioritario, poniendo el foco en “garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas”, promoviendo sistemas jurídicos “inclusivos y eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias”, así como las “barreras estructurales que impiden su ejercicio pleno”.

NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Del mismo modo, advirtió de este problema se enmarca este año en un “contexto global de retrocesos preocupantes”, marcado por la “regresión de los derechos sexuales y reproductivos”, el “negacionismo creciente de la violencia de género” y la “erosión de estándares internacionales de derechos humanos que creíamos conquistados”. En este contexto, garantizar este derecho “se vuelve aún más urgente”, aseveró.

En cuanto al desarrollo de políticas y las acciones instituciones para la protección o mejora de los derechos de las mujeres con discapacidad, Peláez reconoció avances importantes en España, especialmente en la referencia expresa a las mujeres y a la infancia con discapacidad en el artículo 49 de la Constitución y la tipificación como delito en el Código Penal de la esterilización forzada por razón de discapacidad.

La vicepresidenta ejecutiva de la FCM considera que estos logos sirven de “referencia para otros países del mundo”. Sin embargo, persisten cuestiones esenciales por resolver que requieren “reforzar las políticas públicas y el papel de las instituciones”, sobre todo en ámbitos como la “salud y los derechos sexuales y reproductivos, la violencia, la explotación, y en el acceso a la justicia y a la reparación”.

“ASIGNATURA PENDIENTE”

En concreto, cree “firmemente” que una de las “grandes asignaturas pendientes” de España con las mujeres y niñas con discapacidad es aprobar una ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida incapacitadas legalmente por razón de discapacidad.

Esta propuesta legislativa fue presentada recientemente por la propia Peláez en la Comisión de igualdad en el Congreso de los Diputados, donde pidió apoyo a los parlamentarios a esta iniciativa y que la “estudien con rigurosidad y urgencia” y la hagan suya para sacarla adelante como una posible ley.

En esta iniciativa, la FCM propone, entre otras cosas, una indemnización única de 30.000 euros para víctimas de esterilización forzada, así como una norma integral para su reparación, que incluya su reconocimiento, garantías de no repetición y anulación de todas las sentencias que permitieron esterilizaciones sin consentimiento.

Así pues, Ana Peláez recordó que la esterilización forzada por razón de discapacidad estuvo permitida en el Código Penal español desde el 12 de julio de 1989 hasta el 18 de diciembre de 2020, una práctica “violatoria de los derechos humanos” que fue valorada como un “trato inhumano y degradante, e incluso como tortura, por órganos internacionales de derechos humanos”.

Además, señaló que una mujer que fue esterilizada a la fuerza en 1989 tiene hoy más de 50 años. Muchas de ellas están envejeciendo “sin haber recibido jamás una disculpa; otras, lamentablemente, ya no están”. El Estado mantiene una “deuda profunda con todas ellas”, y esta ley es el “instrumento necesario para saldarla de manera justa y definitiva”, aseveró.

FEMINISMO INCLUSIVO

En conjunto, sobre la inclusión de la discapacidad en el feminismo, la representante de la FCM reconoció avances “muy significativos” en los últimos años, aunque el feminismo “no siempre ha incorporado plenamente la discapacidad”.

Peláez apuntó como un “hito clave” la Recomendación General nº 18 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), adoptada en 1991, que “marcó las primeras directrices específicas” para su atención y que, además, fue “fruto directo del impulso del propio movimiento de mujeres”.

En este sentido, destacó el impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), especialmente su artículo 6, que supuso un “cambio exponencial en nuestro reconocimiento” y tuvo un “impacto profundo en el feminismo contemporáneo”.

Desde entonces, las organizaciones de mujeres trabajaron en “Integrar las reivindicaciones fundamentales de las mujeres con discapacidad en sus agendas; hacer inclusivo y accesible su trabajo, incluyendo espacios, documentos y páginas web; e incorporar a mujeres con discapacidad en sus bases sociales y, especialmente, en sus estructuras directivas”.

En esta línea, desde la Fundación Cermi Mujeres están impulsando el programa ‘Alianzas’, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos entre organizaciones feministas y asegurar que la inclusión de las mujeres con discapacidad sea “real, estable y estructural” desde dentro del movimiento de mujeres.