Así lo precisó la FCM en un comunicado en el que explicó que el encuentro se celebró en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid y contó, por parte del movimiento Cermi, con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de Fundación Cermi Mujeres y comisionada de Igualdad del Cermi, Ana Peláez Narváez; la directora ejecutiva del Cermi y patrona secretaria de la Fundación, Pilar Villarino Villarino, y la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de FCM, Sara De Torres Riveiro.

La reunión se enmarca en una misión de investigación del CESE a Madrid los días 29 y 30 de septiembre, orientada a conocer el proceso seguido en España para poner fin a la esterilización forzada por razón de discapacidad y recoger las perspectivas y propuestas de las organizaciones implicadas.

Durante el encuentro, Fundación Cermi Mujeres expuso la experiencia española y recordó que la posibilidad legal de esterilizar a personas con discapacidad sin su consentimiento permaneció vigente en España desde 1989 hasta diciembre de 2020 y que el Cermi y Fundación Cermi Mujeres impulsaron durante años la reforma legislativa que permitió poner fin a esta práctica.

La Fundación subrayó que aquella modificación legal constituyó un “avance decisivo” en materia de derechos humanos, pero advirtió de que la respuesta pública no puede darse por concluida mientras las mujeres que sufrieron estas intervenciones continúen sin recibir reconocimiento, justicia y reparación integral conforme a los estándares internacionales de derechos humanos asumidos por España.

RESPUESTA PÚBLICA ESPECÍFICA

En este sentido, FCM trasladó al CESE la necesidad de avanzar en una respuesta pública específica para las víctimas que contemple no solo su reconocimiento institucional, sino también medidas efectivas de reparación e indemnización, junto con garantías de no repetición.

La entidad defendió igualmente que cualquier futuro mecanismo de reparación debe construirse con la participación directa de las propias mujeres afectadas, escuchando sus experiencias y respetando sus decisiones sobre las medidas que deben adoptarse.

En el transcurso de la reunión también se puso de manifiesto la especial exposición de las mujeres y niñas con discapacidad a vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en contextos de institucionalización, dependencia o cuando existen barreras para que su voluntad y sus preferencias sean respetadas.

Para Fundación Cermi Mujeres, la esterilización forzada constituye una de las manifestaciones “más graves” de la discriminación interseccional que históricamente han tenido las mujeres con discapacidad, al afectar directamente a su integridad personal, autonomía, capacidad jurídica y derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo, su sexualidad y su maternidad.

INFORME PÚBLICO

Según trasladó el organismo europeo durante el encuentro, las conclusiones de esta misión se recogerán en un informe público que será remitido a la Comisión Europea y servirán asimismo para la elaboración de un dictamen de iniciativa del CESE previsto para finales de año.

La reunión permitió así trasladar al ámbito europeo una reivindicación que, según la Fundación, “continúa pendiente en España”, como es reconocer y reparar a las mujeres con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento y garantizar que las políticas públicas incorporen mecanismos suficientes para evitar que vulneraciones semejantes puedan repetirse.

Fundación Cermi Mujeres confía en que el informe y el futuro dictamen del CESE contribuyan a impulsar esta cuestión tanto en España como en el conjunto de la UE y a situar la reparación de las víctimas en la agenda pública.

La entidad reiteró que la eliminación de la norma que permitió estas prácticas fue “imprescindible, pero no suficiente” y reclamó que el siguiente paso sea reconocer a las mujeres que las sufrieron y articular una respuesta integral construida con ellas.

Para la Fundación, “solo así podrá cerrarse una vulneración histórica de derechos” y garantizarse que “ninguna mujer o niña con discapacidad vuelva a ser privada de su derecho a decidir libremente sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida”.