El jurado de este premio, instituido en 2002 por el Defensor del Pueblo y la Universidad Alcalá de Henares, valoró las denuncias que la citada Fundación sobre violación de derechos humanos en Guatemala, así como sus propuestas técnicas, que han dado lugar a reformas constitucionales y decretos legislativos para combatir la denegación de justicia.

La Fundación Myrna Mack articula su trabajo en el compromiso con los valores democráticos, el respeto de los derechos y la dignidad humana, y el rechazo a todas las formas de discriminación.

Este premio cuenta con el apoyo del Rey y se concede cada dos años. Inicialmente tenía una dotación económica de 15.000 euros que se ha doblado en esta ocasión, gracias al patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo.