Así lo expusieron en la inauguración del segundo Foro Inserta Empleo Público organizado por Fundación ONCE en el Senado, donde también intervino la secretaria general de Inclusión del Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena Rodríguez. Con el título ‘Empleo público y discapacidad: promoviendo la inclusión de personas con discapacidad en el sector público’, su objetivo es analizar, identificar y exponer de manera conjunta retos, necesidades, herramientas y buenas prácticas para que todos los agentes implicados (empresas y entidades, tejido asociativo de la discapacidad, poderes públicos etc..) sigan avanzando en el empleo de personas con discapacidad en la Administración pública.

AVANCES

En su intervención, Durán afirmó que “hemos dado un paso importantísimo” en lo que se refiere a la presencia de personas con discapacidad en administraciones (estatal, autonómica y municipal) y empresas públicas. El aumento del 7% al 10% en la cuota de empleo reservado y la reserva específica para discapacidad intelectual representan “una gran oportunidad” para estos colectivos, declaró.

Agregó que, en diciembre de 2023, solo el 3,7% de asalariados públicos tenían discapacidad. “Es una cifra pequeña que tiene que crecer”, admitió, pero “estamos en una tónica positiva que nos va aproximando a ese 10%” que la modificación introducida en el Real Decreto-ley 6/2023 persigue".

“Dado que es el Poder Legislativo el que promueve estas cuotas, la Administración General del Estado (AGE) y el sector público han de servir de ejemplo al sector privado”, razonó. A su juicio, es la mejor manera de “mostrar coherencia” y “luego exigir ” esta contratación de personas con discapacidad en otros ámbitos.

Durán, que insistió en la bondad del real decreto ley que elevó la cuota de reserva, sí destacó algunos aspectos “donde la práctica ha revelado que se debe mejorar”, tales como “la falta de accesibilidad en algunos procesos de selección, la ausencia de ayudas, la poca o nula accesibilidad en los sitios web, la persistencia de barreras físicas y tecnológicas en los puestos de trabajo o la inadecuación de los ajustes razonables en algunos casos.

Además, señaló que la administración en su conjunto puede contribuir al empleo de las personas con discapacidad “de forma indirecta”, mediante la “inclusión de cláusulas sociales en sus pliegos de contratación”. “Estamos poniendo las bases para lograr una Administración pública inclusiva y realmente de todos”.

Por último, se dirigió a los propios funcionarios y a los responsables de Recursos Humanos, cuya “colaboración y sensibilidad necesitamos de cara a alcanzar la inclusión real” de las personas con discapacidad en el sector.

ENSEÑAR AL MERCADO

Por su parte, el presidente de Cermi llamó a “desplegar todo el potencial que el empleo público encierra para las personas con discapacidad”. Esto requiere reformas normativas que actualicen su regulación, apuntó, pero “también asunción y convicción por parte de las distintas administraciones responsables de los procesos selectivos de acceso a la función pública”.

A su juicio, “el empleo público no va a resolver el grave problema de la exclusión laboral de las personas con discapacidad por sí solo”, aunque aplaudió el aumento de la cuota de empleo reservado y destacó la reciente convocatoria de 295 plazas para personas con discapacidad intelectual como personal laboral fijo dentro del grupo E1 de la AGE. No es una cifra desdeñable”, subrayó.

“Más allá de lo que (la contratación pública) aporte cuantitativamente”, añadió, la administración “puede y debe actuar a modo de laboratorio de inclusión, con capacidad de irradiar hacia el mercado”. Según Pérez Bueno, puede contribuir a “señalar vías correctas de acceso, participación y progreso para todos los operadores económicos”.

“Las administraciones han de ser modélicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad”, pues “pesa sobre ellas un plus de ejemplaridad por su carácter público que han de ejercer con vigor”, reclamó. “Una vez alcanzado ese nivel de excelencia” podrán “enseñar al mercado y transferir esa experiencia acumulada a través de buenas prácticas que desaten espirales positivas de activación laboral”.

Por su parte, la secretaria general de Inclusión reiteró el compromiso del Gobierno con la contratación de personas con discapacidad, “plasmada en varias reformas legales” y en la creación de las “unidades de inclusión” en todos los ministerios, que se ocuparán de atender las necesidades de los trabajadores públicos con discapacidad una vez incorporados.

Rodríguez también habló de la colaboración del ministerio con Plena inclusión España en el desarrollo de proyectos de innovación social, a través del laboratorio de políticas de inclusión que puso en marcha su secretaría. Sus resultados revelaron la eficacia de la metodología de empleo con apoyo en la activación y contratación de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades, afirmó.