Así lo reivindicó en un comunicado emitido coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que advirtió de que la igualdad “real y efectiva” sigue siendo “una deuda pendiente con los más de un millón de españoles gitanos y gitanas”.

“Lo hacemos además en un año muy especial, en el que conmemoramos una fecha histórica, al cumplirse el 600º aniversario de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica; seis siglos de historia compartida, de resistencia, de ciudadanía y de contribuciones decisivas a la construcción de nuestro país que el propio Gobierno ha reconocido como Año del Pueblo Gitano en España”, destacó.

Para la fundación, este aniversario “no es solo un momento para celebrar”, sino para “mirar de frente a la realidad”, convencida de que la “vulneración” de derechos que, a su entender, “todavía hoy afecta de forma sistemática” al pueblo gitano “exige una respuesta valiente, integral y transformadora”.

“Por ello, reiteramos nuestro llamamiento a que se impulse y apruebe, con amplio consenso social y político, una ley integral para el reconocimiento, la igualdad y la promoción del pueblo gitano”, abundó, al tiempo que defendió que la sociedad “ha alcanzado la madurez democrática suficiente” para “dar un paso más” en la “garantía de derechos” y en el “reconocimiento de la diversidad”.

CONSTITUCIÓN

Tras reconocer que la aprobación de la Constitución de 1978 “puso fin a siglos de persecución y exclusión institucional”, denunció que, “si bien supuso un avance importante, no fue suficiente para garantizar la igualdad real y efectiva del pueblo gitano”.

En la misma línea, lamentó que “persisten desigualdades estructurales” que afectan a la población gitana en educación, empleo, vivienda, salud, participación social y trato igualitario y aseveró que una ley integral permitiría “blindar” las obligaciones de los poderes públicos y poner en marcha “políticas específicas y sostenidas en el tiempo en ámbitos esenciales como la educación, la vivienda o el empleo”.

“Asimismo, ofrecería un marco sólido para combatir el antigitanismo de manera integral, con respuestas jurídicas más precisas y eficaces y permitiría avanzar en el reconocimiento del pueblo gitano, de su historia, su cultura y sus aportaciones a la sociedad”, prosiguió, al tiempo que consideró que la ley garantizaría también que la historia y la cultura gitanas estén presentes en las aulas y aseguraría una financiación “estable” para iniciativas orientadas a promover el conocimiento, la memoria y la participación del pueblo gitano.

En este contexto, la fundación manifestó que se trata de una “propuesta sensata, madura, constructiva y alineada con los principios universales de los derechos humanos” y pidió a las fuerzas políticas, a las instituciones, a la sociedad civil y al conjunto de la ciudadanía que “apoyen” una ley integral “basada en la igualdad, el reconocimiento y los derechos”, que “una, sume, avance en cohesión social y fortalezca nuestra democracia”.