El tribunal que juzgó aAmedo y Domínguez los consideró autores de seis delitos de asesinato frustrado y uno de lesiones por su intervención como inductores de los atentados contra los bares "Batzoki", en Bayona, y "Consolation", en San Juan de Luz, cometidos en febrero de 1986, en los que resultaron heridas un total de 7 personas. También fueron condenados por uso de nombre supuesto, asociación de malhechores y falsificación de DNI.

El abogado de Amedo y Domínguez explicó que, una vez que finalice la investigación del juez arzón sobre el sumario 1/88, puede descubrirse que sus clientes no cometieron los hechos por los que se les condenó, lo que daría lugar a una revisión de la pena.

"En el momento en que esté claro y pueda ser demostrable que no fueron inductores de los asesinatos frustrados -los atentados contra los bares "Batzoki" (Bayona) y "Consolation" (San Juan de Luz)- pediría una revisión de la condena", dijo.

En consecuencia, sus clientes sólo serían culpables de asociación de malhechores, uso de nombre suuesto y falsificación del DNI, por lo que la pena condenatoria podría quedar reducida a unos 14 años de prisión.

INDEMNIZACION

Manrique rechazó la posibilidad de pedir una idemnización para sus clientes, de quedar probado que tales delitos de asesinato frustrado no son imputables a ellos, "entre entre otras cosas, porque ellos han sido condenados por una sentencia buena, y ellos tuvieron la oportunidad de defenderse. Si ellos no se defendieron o lo hicieron de otra manera es su problema".

Explió que Amedo y Domínguez "no pueden tener nunca derecho a una indemnización por parte del Estado, porque el tiempo que han estado en prisión es el tiempo que corresponde a su condena", de acuerdo con una sentencia que fue impuesta tras un juicio "perfectamente legal y válido".

Sobre de las palabras de la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, en las que se preguntó por qué hay que creer la versión de Amedo, Manrique contestó que porque "está aportando pruebas documentales".

Finalmente Manrique expresó su escepticismo sobre el efecto que pueda tener el parecer del Tribunal Supremo en el sentido de que los fondos reservados son investigables si hay sospechas de su uso irregular.

Adujo que ese tipo de pronunciamiento "empezará a tener peso específico cuando existan reitadas sentencias en esos términos" y que, en la práctica, se impone la ley de secretos oficiales.