Todo lo relativo al trabajo que desarrolla el CESID está protegido por la Ley de Secretos Oficiales y tan sólo puede levantarse la obligatoriedad de confidencialidad por orden expresa del Consejo de Ministros o de la dirección del centro, según las materias a las que se refiera la petición del jue.

Fuentes gubernamentales aseguraron además que los informes que Garzón reclama sobre el origen de los GAL "nunca han existido", aunque reconocieron que, "como fenómeno que afectaba a la seguridad nacional, el GAL habrá sido estudiado" por los servicios secretos.