Durante su comparecencia, que se prolongó por espacio de una hora y media, el ex titular de Defensa tuvo que responder a las preguntas del magistrado sobre la concesión por parte de ese departamento de una pensión al ex sargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos, sospechoso de varias acciones de la 'guerra sucia' contra ETA, a pesar de haber sido expulsado del Cuerpo tras ser condenado por un atraco a una tenda de Irún (Guipúzcoa) y por torturas.

García Vargas accedió y salió de la Audiencia Nacional en un vehículo camuflado de la policía a través del garaje del edificio, eludiendo así a los informadores, a quienes no quiso hacer declaraciones.

La comparececia de García Vargas se produjo como consecuencia de la declaración prestada ante el juez por el ex responsable de la Benemérita Luis Roldán el pasado día 30.

Roldán aseguró entonces a Garzón que el abogado de Interior Jorge Argote le solició que gestionase ante García Vargas el reingreso del agente en el Cuerpo y la concesión de una pensión, ante el temor de que éste contase lo que conocía de la 'guerra sucia' contra ETA.

Finalmente, Defensa concedió la máxima pensión a Dorado Villalobos por inutilidad física en acto de servicio, amparándose en un informe médico en el que se afirma que el agente padece un "estrés psicosocial de intensidad extrema, con un transtorno paranoide de la personalidad".

Dorado Villalobos, que estuvo destindo en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), aparece involucrado en el atentado contra los hermanos franceses Christian y Claude Olaskoaga, que investiga el juez Garzón, ocurrido en Biriatou el 18 de noviembre de 1984 y en el que resultó muerto el primero y herido de gravedad el segundo.

Asimismo, es junto al ex agente Felipe Bayo uno de los principales sospechosos del secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que investiga el juez Javier Gómez de Liao.

Por otra parte, el juez Garzón todavía no ha recibido el informe del fiscal del caso sobre la procedencia de imputar en la causa a Argote, al ex ministro del Interior José Luis Corcuera y al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera como consecuencia de las manifestaciones de Roldán.

Este acusó a Corcuera de realizar una campaña de envío de cartas-bombas a dirigentes de HB, y a Vera y Argote de haberle propuesto que asesinara a Dorado Villalobos y a Bayo ante el temor de que pudiern desvelar datos de la 'guerra sucia' contra ETA.

Estas afirmaciones, que Roldán reiteró ante el juez Javier Gómez de Liaño, que instruye el 'caso Lasa y Zabala', motivaron que el magistrado considerase imputados a Vera y Argote en este sumario.