De acurdo con estas fuentes, el responsable de la Policía, Angel Olivares, acordó dicha suspensión el pasado verano basándola en que el ex jefe superior de Policía de Bilbao se encontraba en prisión preventiva por su presunta relación con los GAL.

La suspensión fue recurrida en alzada por la defensa de Planchuelo ante la Dirección General de la Policía, que ha ratificado la medida en un decreto notificado hoy al ex comisario.

Según las fuentes consultadas, en su nueva resolución el director de la Polica reconoce que ha cesado la situación de prisión preventiva en la que se encontraba Planchuelo, pero estima que la suspensión de empleo y sueldo debe continuar dado que el ex comisario está procesado en el 'caso GAL'.

La defensa de Planchuelo tiene previsto recurrir el decreto de la Dirección General de la Policía ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, para lo que dispone de un plazo de 2 meses.

En su recurso, la representación del ex comisario argumentará que la medida de suspesión de empleo y sueldo fue acordada para el tiempo que durase la situación de prisión preventiva en la que se encontraba Planchuelo, por lo que, a su juicio, dado que ahora está en libertad debe ser revocada.

Planchuelo ingresó en prisión por orden del juez Baltasar Garzón el 20 de diciembre del pasado año, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó su excarcelación el 7 de marzo de este año.

Sin embargo, el juez Garzón volvió a acordar su ingreso en prisión 14 días después, si ben fue puesto en libertad de nuevo por la Audiencia Nacional el 24 de julio bajo fianza de 2 millones de pesetas tras prestar declaración voluntariamente ante el magistrado.

Las citadas fuentes precisaron que desde que la Policía decidió suspender de empleo y sueldo al ex comisario, éste se encuentra en una situación económica difícil, agravada por el hecho de que tuvo que abandonar la vivienda oficial de la que disfrutaba como comisario de Salamanca.

Según publicaron diversos medios de comunicacón el pasado mes de julio, fue precisamente la negativa de Interior a levantar dichas sanciones lo que motivó que Planchuelo se decidiese a colaborar voluntariamente con el juez Garzón, ante quien reconoció su implicación en los GAL el pasado 15 de julio e inculpó a Rafael Vera, Julián Sancristóbal y Ricardo García Damborenea en el secuestro de Segundo Marey.

Por otra parte, las fuentes consultadas señalaron que la Dirección General de la Policía no ha facilitado a día de hoy al ex comisario escolta plicial, a pesar de las resoluciones dictadas primero por el juez Garzón y posteriormente por el magistrado Eduardo Móner disponiendo esa medida.