Cotta dijo que la sala, compuesta por los magistrados Francisco Soto, José Augusto de Vega y él mismo, está barajando esta posibilidad, que tiene muchas probabilidades de salir adelante.

La competencia del Congreso para acusar a los miembros y al presidente del Gobierno está reflejada en el artículo 102.2 de la Constitución, que dice que la acusación cntra algún miembro del Ejecutivo "por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones" sólo podrá ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta.

Entre los delitos tipificados en el Código Penal contra la seguridad del Estado, figura el de pertenencia a banda armada, uno de los delitos en los que podrían haber incurrido algunos de los inculpados por el juez Baltasar Garzón, entre los que podría encontrarse el presidente Felipe González.

En cuantoa los otros tres aforados, José Barrionuevo, Narcís Serra y José María Benegas, ya no son miembros del Ejecutivo, por lo que en principio no se les podría aplicar el mencionado artículo 102 de la Constitución.

Sobre las prisas manifestadas por algunos militantes socialistas para que el Tribunal Supremo se pronuncie pronto en relación al 'caso GAL', Cotta indicó que el asunto "es muy complejo" y que seguramente el fiscal tardará en emitir su informe. Según el magistrado, es fácil que no haya novedades n la tramitación del caso hasta el próximo mes de septiembre.

Por lo que se refiere a la renuncia a la carrera judicial del juez del Supremo Marino Barbero, instructor del 'caso Filesa', Cotta señaló que lo había "lamentado profundamente" nada más conocer la noticia. El magistrado añadió que Barbero estaba cansado físicamente por un sumario que ha durado cuatro años y que tal vez el juez estaba pensando en regresar a su cátedra.