Entre esas diligencias figura la petición fiscal de celebrar un careo entre el policía Angel López Carrillo y el ex gobernador civil de Vizcaya Julen Elgorriaga. El juez lo ha fijado para el 9 de mayo a las 17,30 horas.

López Carrillo afirmó que Elgorriaga y Galindo llegaron a visitar encapuchados a Lasa y Zabala, mientras estos permanecieron supuestamente secuestrados en el Palacio de la Cumbre, en San Sebastián, y el juez quiere aclarar quién dice la verdad. En su resolución, el magistrado precisa que Elgorriaga comparecerá como imputado y, por tanto, acompañado de abogado, ya que, aunque el pasado 7 de septiembre declaró sin abogado, en su comparecencia fue instruido de sus derechos y debe ser considerado imputado.

También acuerda otro careo el día 10 de mayo, a partir de la misma hora entre Gumersindo Hernández Rubio, ex chófer de Galindo, y Pedro Luis Migueliz, 'Txofo', encargado de la seguridad de la discoteca 'Ku' y que aparece en el auto con un nmero codificado, diligencia también propuesta por el fiscal.

Respecto a Rodríguez Galindo, el magistrado explica que habrá de comparecer como imputado "ante la razonabilidad de la pretensión de la acción particular", cuyo abogado Iñigo Iruin fue quien pidió esta comparecencia.

El día y hora de su declaración, así como la del teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, comparecencia también pedida también por Iruin, será fijada en atención al resultado de las diligencias antes mencionadas.

El careo entre el policía López carrillo y Julen Elgorriaga fue solicitado por la acusación particular y el fiscal del caso. El juez dice que esta y otros diligencias "son necesariamente aptas para llegar a acreditar los hechos ocurridos, las circunstancias en que se produjeron y las personas que participaron -de forma nuclear o periférica- en el secuestro y muerte de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Añade que "son pertinentes en cuanto relacionadas con los muy graves hechos que hay que esclaecer; también son posiblemente físicas y no puede decirse que se dé en ellas una supérflua prolijidad".

DECLARACIONES A PARTIR DEL 8 DE MAYO

Gómez de Liaño comenzará la toma de declaraciones el próximo día 8 a partir de las 8 de la mañana, con la comparecencia como testigo de Julio Martín Maestro, Manuel Barroso, Manuel Macías y José Domínguez.

Ese día por la tarde, tomará declaración a Rafael Barranco, a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y María de las Nieves Martínez Martínez. El ía 9 comparecerán como testigos los periodistas de "El Mundo" Manuel Cerdán y Antonio Rubio, quienes publicaron el pasado 9 de abril una transcripción de una supuesta conversación de Gómez Nieto con Galindo.

Por la tarde prestará declaración María Purificación Ubillos, y el día 10, también por la tarde, Rafael de Francisco. Estas diligencias han sido acordadas de oficio por el juez, sin que se lo solicitaran ninguna de las partes.

Respecto a la comparecencia de Juan Alberto Perote, pedida tambiénpor el fiscal e Iruin, indica que decidirá sobre la misma una vez que reciba copia de las declaraciones que el ex agente del Cesid hizo ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner y ante el de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quienes se las solicita mediante exhortos.

Además de las declaraciones, el fiscal también pidió al juez que recabase distintos informes, como la vinculación del comandante de la Guardia Civil, Manuel Dabo Soler, con la provincia de Alicante, donde aparecieron los cadáeres de Lasa y Zabala. Asimismo, el Ministerio Público solicitó una relación de los miembros del servicio de información de la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián entre septiembre de 1983 y abril de 1984, diligencias a las que el juez también accede por considerarlas pertinentes y necesarias.

GALERIA ILEGAL DE TIRO

Por su parte, Irúin pidió al juez que dirigiera un exhorto al juzgado de Tolosa para que le remitiera las diligencias incoadas allí tras el hallazgo de una galería de tiro ilgal en una cueva situada en Hernialde (Guipúzcoa). Otra prueba solicitada era un informe sobre las armas que disponía Galindo en 1983 y 1984.

Gómez de Liaño aclara en el auto que la citación de algunas de estas personas como imputados se debe a "un juicio provisional de ponderación sobre la verosimilitud de las imputaciones que, más o menos fundadamente, según los casos, recae sobre ellos".

Indica que por ello se impone que esas personas accedan al proceso "en condiciones tales que permitan la plna efectividad del derecho de defensa con todas las garantías y presidido por la posibilidad de una real e igualitaria contradicción entre partes".

Esta condición de imputados, argumenta, "no debe demorarse más, porque, junto a la reclamación de esa posición por una de las acusaciones" el derecho de defensa tiene que surgir en el instante mismo en el que alguien con legitimidad en el proceso atribuye o deduce que una persona ha participado, de un modo u otro, en la comisión de unos hechos punibles, seún la Ley de Enjuiciamiento Criminal.