Así se expresó Garamendi en el discurso de clausura de la Asamblea General de CEOE, donde salió al paso de esta decisión de Trabajo, justificada por que no se vea contaminado el debate por el “clima político”, marcado por presuntos casos de corrupción en el PSOE, así como por la necesidad de dar más “tiempo” a la negociación con Junts, sin cuyos votos el texto no puede salir adelante, ya que se sumaría al rechazo del PP y Vox.

“Que nos dejen trabajar, déjenos ponernos de acuerdo, no sigan generando esa inseguridad jurídica por causas de política partidista”, exhortó un muy crítico Garamendi con el Ministerio de Trabajo.

Pero, frente a esta exigencia, lamentó que Díaz siga adelante, con una medida “partidista” que tiene “en vilo” a las empresas y a 12 millones de trabajadores. Igualmente, denunció que la norma ni siquiera lleva una memoria económica.

Este contexto está generando, según Garamendi, una importante inseguridad jurídica que está frenando la negociación colectiva, de manera que los convenios firmados en lo que va de año han caído un 7% y los trabajadores amparados, un 9,5%. “Cómo vamos a poder sentarnos a hablar del próximo acuerdo nacional de convenios si tenemos este sentimiento encima de la mesa permanente”, inquirió Garamendi.

Cabe recordar que este año caduca el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recogía recomendaciones de evolución de salarios para el período 2023-2025. Los sindicatos ya han instado a la CEOE a empezar a negociar el siguiente tras el verano.

Además, como muestra de la inseguridad que genera la reducción de jornada, Garamendi expuso que la inversión productiva extranjera aumentó un 2% en 2024 pero, a cambio, se ha producido un fuerte repunte de las desinversiones. A ello, sumó que el coste para las empresas será de 23.000 millones de euros, siendo “especialmente golpeadas” las pymes y autónomos.

En este sentido, indicó que esta medida se sumaría a los costes a los que las compañías ya tienen que hacer frente, momento en el que el presidente de la CEOE sacó de nuevo a colación su propuesta de que los empelados perciban el salario bruto íntegro y que después paguen los impuestos, para que constaten los costes laborales existentes.

También reprobó que se esté hablando de reducir la jornada cuando no se están tratando cuestiones para mejorar la productividad y para reducir el absentismo laboral. Sobre este último tema, avisó de que el coste previsto para este año supera los 32.000 millones de euros, un 12,5% más que el año pasado, de los que 16.000 correrán a cargo de las empresas.

En su alocución, Garamendi deploró que el Ministerio prefiera tratar con mayor urgencia la reducción de jornada y no el absentismo, pese a que no solo afecta a las empresas, sino a la propia salud de los trabajadores.

Para resolver el aumento del absentismo, apuntó propuestas como aumentar el número de médicos y reforzar el papel de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En cualquier caso, alertó de que una parte del absentismo es “fraude”, lo que pidió que se diga con “claridad”. “Hay que sentarse y hablar. No se puede ocultar esa realidad”, apuntaló.

Al hilo, señaló la contradicción que supone, a su criterio, que se ponga sobre la mesa la reducción de jornada cuando ni se han presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Denunció que las cuentas públicas actuales se diseñaron en 2022, cuando el mundo intentaba salir de la pandemia, había empezado hacía poco la invasión de Ucrania y al presidente Biden le quedaba más de medio mandato para dejar la Casa Blanca. “Es algo inaudito, que ya vivimos como si fuera algo anecdótico, pero no lo es”, aseveró.

Por otra parte, Garamendi tuvo un recuerdo especial para las víctimas de la dana en valencia, nombrando al vicepresidente de la patronal de esa comunidad autónoma, que también perdió la vida.