García-Escudero criticó en una rueda de prensa en Oviedo que la nueva financiación autonómica haya dependido de un partido como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que cuenta sólo con 300.000 votos y que en sus proclamas políticas no incluye ninguna relativa a la igualdad entre los españoles.

"La luz verde de Esquerra ha sido el digno colofón de un proceso que se inició condicionado y obligado por el proceso de reforma del Estatut de Cataluña y la exigencia nacionalista de reducir la aportación de esa comunidad a la solidaridad interterritorial", dijo.

El portavoz popular recordó que el sistema vigente, pactado en 2001 por el Gobierno del PP con todas las comunidades y aprobado por unanimidad, tenía mecanismos de revisión.

"Si se reforma, en lugar de actualizarlo, y si se cambia como se cambia es por las necesidades personales de Zapatero de contar con apoyos en el Parlamento, dada su extrema debilidad parlamentaria, y por las necesidades de su partido, sobre todo en Cataluña, para mantener el Gobierno tripartito", añadió.

El problema, según García-Escudero, es que el modelo que quiere imponer Zapatero liquida los principios básicos del modelo vigente, que son la igualdad entre españoles y la solidaridad entre las comunidades autónomas.

A su juicio, España camina hacia un modelo de financiación "completamente atípico", en el que hay que integrar hasta cinco fondos distintos prometidos por Zapatero a los presidentes autonómicos, y en el que hay que repartir 11.000 millones de euros sin que nadie conozca con exactitud los criterios.

"Lo único que sí sabemos de esos 11.000 millones es que más de la mitad van a ir a Cataluña y Andalucía, lo que hace que sea imposible que todas las comunidades estén cerca de la media, una mentira más de este Gobierno, porque si unas comunidades están por encima, las demás estarán, por pura matemática, por debajo".

Finalmente, García-Escudero lamentó la absoluta "opacidad" con la que se ha negociado el nuevo modelo, dado que no se ha informado puntualmente a los presidentes autonómicos y el Gobierno "se ha negado en redondo" a dialogar con el principal partido de la oposición, para finalmente ponerse en manos de un partido que representa a 300.000 personas.