En una carta remitida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso Servimedia, García Ortiz solicita, "a petición propia, que el Consejo de Ministros acepte" su cese tras ser "notificado anticipadamente del fallo condenatorio".

En la misiva, señala que "el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" acordó imponerle la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento". Es por ello que, "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia", asegura que ha decidido presentar su renuncia en lo que define como "un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".

Añade que "el profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales" han determinado su decisión de dejar el cargo. "Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", se defiende García Ortiz.

Finalmente, muestra su agradecimiento "al Gobierno de España" por haberle propuesto para el cargo. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

El Supremo condenó la semana pasada al fiscal general a una pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo como autor de un delito de revelación de datos reservados, además de a una multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, y a indemnizar a Alberto González Amador.