Garzón hizo esta afirmación en el auto de inhibición por el que cedió parte de la causa del "caso Gürtel" al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y aconsejó la imputación del presidente de la Generalita Valenciana, Francisco Camps, y del secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa Climent.

El auto subraya que Correa, a través de su empresa Special Events, acaparó "la mayor parte de los actos de promoción del PP" a nivel nacional entre los años 1996 y 2004.

Durante esos años, Correa "desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos a merced de su posición dentro del partido, o bien, una vez obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de sus empresas en las administraciones que gobernaban".

Para ganarse el favor de los responsables políticos, Correa "entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plamas u otros objetos. De esta forma consiguió crear una relación estable con dichas personas, ganando su confianza a la vez que favorecía la obtención de negocios para sus empresas".

De esta forma, una vez que el político sobornado obtenía un cargo en una administración, ya fuera local o autonómica, comenzaba a introducir a personas de confianza de Correa "en puestos clave dentro de la organización con el fin de controlar tanto la concesión de contratos públicos como el posterior pago de servicios realizados".

Garzón subraya que con los cambios ocurridos dentro del PP en 2004, con la salida de José María Aznar y la llegada a la cúpula del partido de Mariano Rajoy, la trama de corrupción de Correa "cambio de tendencia" y desplazó su actividad delictiva a Madrid y Valencia.

En este sentido, Garzón explica que la trama, creada en 1996, responde "a una sola dinámica delictiva diseñada por Francisco Correa, nutriéndose de la obtención de eventos, concesiones y contratos con el PP a nivel nacional y luego, en forma principal, en la comunidades autónomas de Madrid y Valencia y a nivel local con los ayuntamientos madrileños de Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, y también en ciertos municipios de Castilla y León".

Para desarrollar su actividad delictiva, Correa y el ex secretario general del PP en Galicia y principal imputado en la causa, Pablo Crespo, pusieron en marcha "toda una red de sobornos, entrega de dinero con fines desconocidos o para provecho personal y en todo caso para obtener los contratos o eventos que, respectivamente, ocupaban los beneficiarios de las dádivas".