En una providencia a la que tuvo acceso Servimedia, el magistrado cita para el próximo 12 de marzo al propio Villalonga, a José María Concejo y a Isidro Fainé, actual vicepresidente de la operadora.

Para el día 13 de marzo, Garzón cita al actual presidente de Telefónica, César Alierta; a ls ex miembros de Telefónica Francisco Gómez Roldán, Gaspar Ariño, Javier Echenique, Martín Velasco y Carles Vilarrubó; y a los actuales consejeros Miguel Horta e Costa, Maximino Carpio y Antonio Masanell. También cita al actual presidente de Telefónica Móviles, Antonio Viana.

Asimismo, el día 14 de marzo deberán comparecer ante Baltasar Garzón el actual presidente de Repsol YPF y antiguo consejero de la operadora, Alfonso Cortina, Pedro Ballvé, Ignacio Larracoechea, José Maldonado y Luis Martín de Busamante. Sólo Maldonado mantiene su cargo de consejero de Telefónica.

Además, Garzón solicita a la entidad financiera Bankers Trust Company que remita "toda la información que obre en su poder sobre la realización y ejecución de la emisión de obligaciones convertibles en acciones de Telefónica, acordada por el consejo de administración de la compañía el 25 de junio de 1997, así como en relación con la emisión de obligaciones canjeables realizada por Telefónica Europe BV consecuencia de la anterior".

ENEFICIO FICTICIO

Concretamente, las comparecencias están relacionadas con la presunta manipulación de la cuenta de resultados de 1998, según los afectados y demandantes, para los que Villalonga y sus consejeros maquillaron las pérdidas, al incluir más de 400.000 millones de pesetas de ingresos extraordinarios en las cuentas de resultados y no en reservas, tal y como establece la normativa mercantil.

Esta maniobra supuestamente permitió a Villalonga y a su equipo "crear un beneficio ficticio que ermitiera mantener la alta cotización de las acciones", según la denuncia de los querellantes. Así, se elevaría el valor de las 'stock options' de las que se beneficiaron los directivos de Telefónica y el entonces presidente de la compañía, quién se embolsó 2.000 millones de pesetas, según alegaron los querellantes.