En el auto de Garzón, el magistrado imputó esos delitos al presidente de ANV, Kepa Bereziartua, a la apoderada de las cuentas de la formación, Alazne Arocena Oruezabal, y al ex secretario general Antxon Gómez Lorente, después de celebrar, durante casi tres horas, la vista previa a decidir si suspende las actividades del partido.

Éste es un paso imprescindible para iniciar un proceso de suspensión de actividades de un partido político, ya que es necesaria la imputación de al menos uno de sus dirigentes para acordar dicha medida. Hasta ahora, ningún miembro de esta formación había sido imputado de colaboración o integración en ETA.

En la vista celebrada hoy estuvieron presentes la fiscal Dolores Delgado, los abogados de la acusación particular ejercida por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y el propio Bereziartua con su letrado, el abogado habitual de presos de ETA Iñigo Iruín.

JUSTIFICACIÓN DEL TERRORISMO

La Fiscalía aseguró ante Garzón que ANV recogió el testigo de Batasuna en julio de 2007, justo después de que la banda terrorista anunciara el final de la tregua, y asumió las funciones de justificación y alimentación de las tesis de ETA que venía realizando la formación ilegalizada.

La fiscal Delgado defendió que los dirigentes de ANV mostraron su vinculación a ETA tras los atentados de Durango (Vizcaya) y Capbreton (Francia), no porque no condenasen dichas acciones terroristas, sino por esforzarse en justificarlas.

Para la Fiscalía, comparar el asesinato de dos guardias civiles con la detención de terroristas o decir que la colocación de un coche bomba es el resultado del conflicto en el País Vasco es "justificar el terrorismo, alimentar futuras acciones y nutrir la ideología" de la banda.

La fiscal Delgado subrayó que existen tres tipos de pruebas que demuestran la vinculación de ANV a Batasuna. Por un lado, están los documentos que recogen que ANV, PCTV y Batasuna compartían "de forma revuelta" una caja única, y, por otro, las facturas que acreditan que ANV pagó varios actos celebrado por la formación ilegalizada.

Y, por último, el Ministerio Público indicó que en el registro de la sede del PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa), se encontraron documentos que demuestran que miembros de Batasuna realizaron labores "administrativas, institucionales y políticas" a ANV.

La Fiscalía, aludiendo a la jurisprudencia y a las sentencias de terrorismo islamista, defendió ante el magistrado que el concepto de terrorismo incluye también a quienes dan sustento a los terroristas.

Ante este argumento, la defensa de ANV acusó a la Fiscalía de haber "vaciado progresivamente de su contenido" el concepto de terrorismo y de realizar "intepretaciones cada vez más amplias" del mismo.

Iruín aseguró ante Garzón que la suspensión de actividades de ANV sería "una medida desproporcionada" y afirmó que, hasta el momento, "no se ha acreditado nada" que pueda dar pie a tomar una decisión en ese sentido.