Así se desprende en una serie de artículos dedicados a este asunto elaborados por CaixaBank Research y publicados este lunes. Toma cifras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para este cálculo.

Este gasto se explica por el aumento sostenido del número de jubilados, aunque se vería compensado por la caída de la tasa de beneficio (el cociente de la pensión media entre el salario medio), por el aumento de la tasa de empleo y por una menor ratio de elegibilidad (pensionistas entre población en edad de jubilarse). Eso hará que la contribución del gasto público en pensiones sea de 3,4 puntos o 2,3 puntos de PIB si se descuenta el aumento previsto de ingresos por cotizaciones sociales.

Según el servicio de estudios, la proporción de población mayor de 65 años entre la población de 25 a 64 años, conocida como la ratio de dependencia, se sitúa actualmente en el 36% en España, lo que significa que por cada persona mayor de 65 años hay 2,6 personas en edad de trabajar. Esta ratio de dependencia aumentará hasta llegar al 61% en 2050, lo que equivale a que por cada jubilado solo habrá 1,6 personas en edad de trabajar e incidirá en el gasto público.

Por su parte, el gasto sanitario también se incrementaría de forma notable en España: en un escenario a políticas constantes, se estima que aumentaría en 1,2 puntos de PIB en España, hasta el 8% del PIB, entre 2022 y 2050. El gasto en cuidados crecería en 0,6 puntos de PIB. Así, sumando pensiones, sanidad y cuidados, el gasto público total relacionado con el envejecimiento pasaría en España del 20,3% del PIB en 2022 al 25,5% del PIB en 2050. Es un porcentaje 5,2 puntos mayor que en la UE (+1,5 puntos).

Llegar al 25,5% de gasto público de PIB en 2050 supone un crecimiento anual promedio del 4,2% en los próximos 25 años. Sin embargo, CaixaBank estima que, si se reduce ligeramente dicho crecimiento, se obtendría un gasto sensiblemente inferior. Así, reducir del 4,2% al 4,1% el crecimiento anual promedio de dicho gasto –lo que llevaría su punto de llegada en 2050 al 24,5% del PIB en lugar del 25,5% del escenario base a políticas constantes– permitiría, manteniendo los otros factores inalterados, “un aumento claramente menor de la deuda pública”, de 15 puntos de PIB menos en 2050 que en el escenario base (114% del PIB en lugar del 129%). Si el gasto anual baja del 4,2% al 3,9%, dos décimas, el gasto público bajaría al 23,5% del PIB en 2050 y la deuda pública se situaría en el 101% del PIB.

El servicio de estudios señala las tres grandes palancas propuestas por los economistas para mitigar el impacto del envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas y en particular sobre el gasto en pensiones: prolongar la vida laboral, mejorar la productividad y atraer a más inmigración.

Concluye que un crecimiento de la productividad dinámico, una mayor retención de los trabajadores mayores en el mercado laboral y la atracción de inmigrantes con alta formación podrían llegar a compensar los 2,3 puntos de gasto en pensiones o mitigarlo considerablemente. Por ello, apunta que “el margen de maniobra existe y ahora es momento de ponerse manos a la obra”.