El acuerdo permitirá establecer los criterios de actuación y la financiación necesaria de los servicios sociales que se prestan a través de la red pública de servicios residenciales para mayores de Cataluña, con el fin de garantizar un alto nivel de calidad en l atención.

De esta manera, se mantendrán los niveles asistenciales en función de las necesidades de atención de la persona mayor derivadas de la dependencia física, psíquica y social que pueda presentar.

El convenio establece que las entidades proveedoras de servicios residenciales que atienden a personas que quedan fuera del sistema podrán recibir apoyo económico mediante el módulo de hogar-residencia aplicado a cada una de las personas usuarias atendidas, es decir, 780,71 euros.

El acuerdo prevé también la creación de una comisión de trabajo formada por las organizaciones empresariales y sindicales firmantes, que se encargarán de elaborar una propuesta, dirigida al Departamento de Bienestar y Familia, sobre las medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector.

Finalmente, el acuerdo establece la creación de una Mesa de Compra de Servicios, formada por las organizaciones empresariales y los responsables de la Consejería de Bienestar y Familia, que debatirá y realizará las propuestas oportunas sobre el coste y la financiación de las plazas, la revisión de precios y otros aspectos financieros.