Así lo exigió durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso en relación con el proyecto de ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

En el transcurso de su intervención, Ramírez urgió a “plantearnos” la mejora del sistema como “un asunto de urgencia social y de Estado” y, tras señalar que, desde 2006, la ley de dependencia ha permitido atender a cuatro millones de personas, defendió que “es una buena ley que ha generado derechos ciudadanía”, si bien lamentó que, “por contra, casi un millón de personas en estos años han fallecido en las listas de espera”.

Asimismo, Ramírez denunció que “solo un 1,76% del PIB es dedicado a servicios sociales” y aseveró que el “abandono” de estas personas “pone en crisis el propio sistema democrático en amplios sectores de la población que se sienten marginados”.

“Deberían ustedes comprometerse a que todas las administraciones alcanzaran al menos el 2% del PIB en inversión en servicios sociales, un objetivo que estuvimos a punto de alcanzar en el año 2020, pero del que, desde el año 2020 hasta aquí, cada vez nos vamos alejando más”, criticó, dirigiéndose a los distintos grupos parlamentarios, al tiempo que reclamó que las ayudas de emergencia social de las entidades locales “dejen de tener la consideración de subvención”.

LEY DE DEPENDENCIA

En cuanto a la implementación y propuestas a la ley de dependencia, consideró que “pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia”, al tiempo que afeó que, “sin embargo, después de casi 19 años, en algunas comunidades autónomas todavía es un derecho pendiente”.

“El balance general que se puede hacer no deja de ser positivo, porque las personas en situación de dependencia, afortunadamente, tienen hoy un nivel de atención muy superior al que tenían antes de la publicación de la ley en el 2006”, admitió, para, a continuación, señalar que “todavía, lamentablemente, queda muchísimo camino por recorrer”.

En este sentido, estimó que el “principal problema” es la “falta de implicación de los poderes públicos” para alcanzar la “financiación suficiente” con el fin de que las personas en situación de dependencia “tengan la atención que se pueda considerar básica y digna”, lo cual, dijo, “conlleva el cumplimiento de la ley”.

“La ley dice que en 180 días tiene que darse la prestación. No podemos tener más de 350 días, casi un año, para dar respuesta a personas que van a fallecer sin tener la prestación o servicio al que tienen derecho”, afirmó, al tiempo que hizo hincapié en la “escasa cuantía de prestaciones, baja intensidad de servicios e imposibilidad de compatibilizar los servicios”, cuestiones que juzgó “claves”.

MÁS MEDIDAS

En este contexto, la asociación ha planteado 25 propuestas, entre las que su presidente destacó la necesidad de aumentar “al menos” en 1.000 millones de euros la partida para dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En paralelo, ve necesario “equiparar” los salarios de los profesionales del sistema de atención con los de los profesionales del sistema sanitario y valoró como “urgente y crítico abordar la cuestión de falta de personal en el sector de cuidados”.

“Tenemos que hacer servicios a la carta, adaptar los servicios a la persona y no la persona al servicio; medidas de mejora en calidad e intensidad, en compatibilidad de servicios y en apoyo a las cuidadoras no profesionales”, agregó, convencido de la importancia también de invertir en innovación tecnológica porque “nadie quiere morir rodeado de batas blancas” y de incrementar la cuantía de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

A su vez, exigió la “reforma urgente” de las normativas actuales de las residencias, permitiendo el desarrollo de modelos “alternativos” de residencia en apartamentos o viviendas con servicio, que cree “especialmente necesarios en entornos rurales” así como desarrollar una prestación económica vinculada al servicio residencial con una cuantía suficiente.

“También hay que promover la figura del asistente personal, preservando los derechos de los trabajadores y yendo más allá de los actuales contratos de servicios domésticos y hay que revisar las aportaciones de las personas usuarias del copago”, abundó, al tiempo que emplazó a “agilizar los procedimientos y personalizar las atenciones” y a mejorar las estrategias de coordinación entre servicios sociales y sanitarios.

En su turno de réplica a los distintos grupos parlamentarios, Ramírez reconoció que le “preocupa mucho la financiación y la desigualdad territorial” y lamentó que regiones como Canarias, Cataluña y Murcia “tienen un problema endémico del desarrollo del sistema”. “No es lo mismo ser persona en situación de dependencia en esas comunidades autónomas que en las que sí cumplen la ley, que son Aragón, Castilla León, Castilla-La Mancha y País Vasco”, sentenció.