Así lo indicó el sindicato en relación a la propuesta planteada por el PP, que Gestha respalda al considerar que la medida evitaría “que los contribuyentes deban pagar más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo como consecuencia del aumento exponencial de la inflación”.

En este sentido, Gestha propone acordar la deflactación de la escala estatal y autonómicas de la base liquidable general y del ahorro del IRPF, así como los mínimos personales y familiares, según la estimación de la inflación media en 2021 y la estimada en 2022, con efectos retroactivos al 1 de enero “para que también beneficie a los herederos de quien pueda fallecer en este año”.

SUBIR TRIBUTACIÓN

Por otro lado, los técnicos consideran que esta medida “no es incompatible para poder establecer nuevos tramos intermedios en la escala estatal de la base liquidable general y de las escalas estatal y autonómica de la base liquidable del ahorro vigentes, ni para poder aumentar la tributación de las personas con mayores rentas”.

En este sentido, Gestha apuntó que “casi una quinta parte del coste de la deflactación sería aprovechada por el 5% de quienes más ganan, mientras que casi un tercio de los declarantes de renta no se verían afectados, y tampoco aquellos que no están obligados a declarar por la baja cuantía de sus ingresos”.

Gestha también aboga por extender estas medidas a las escalas autonómicas del IRPF y los mínimos personales y familiares autonómicos según la estimación de la inflación media de 2021 y 2022, también con efectos retroactivos al 1 de enero, “en una muestra de la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos”.

Por otra parte, los técnicos rechazan “una rebaja generalizada de impuestos, teniendo en cuenta el aumento exponencial del gasto público como consecuencia de las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania”, advirtiendo “del impacto que podría provocar en términos de déficit y deuda”.

En su lugar, reiteran “la urgencia de reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, así como de fortalecer el control del gasto público”, para lo que se muestran “dispuestos a asumir unas mayores competencias y responsabilidades”.