Esta fue la idea que trasladó en la inauguración del I Congreso Nacional de Icogam –que nace por el 90 aniversario del nacimiento de la profesión de los gestores administrativos–, donde señaló que su colectivo tiene la “responsabilidad civil” de proponer medidas para “desenrollar este ovillo” en el que “están atrapados” los pequeños empresarios.

Santiago Ollero pidió hacer una serie de “reflexiones” sobre el clima al que se enfrentan los emprendedores y, una vez realizado un diagnóstico, aprobar “medidas legales y administrativas” para dar “vida” a estos pequeños negocios.

En este sentido, recordó que las pymes conforman el 98% de la estructura del empresariado español y generan 10,5 millones de empleos, lo que las hace “vitales” en la estructura económica. Por ello, tras la celebración de este foro, Icogam trasladará sus propuestas a la opinión pública, las cuales espera “que no caigan en saco roto y sirvan” los dirigentes políticos para “retomar el camino hacia lo que se llama un crecimiento sostenible”.

“España cada vez se está alejando más de ser un modelo de economía que está basado en el emprendimiento. Se está convirtiendo en un país imposible, en un país difícil, para la pequeña empresa. Y, sobre todo, se está convirtiendo en un país imposible en el que estamos expulsando a los trabajadores autónomos, los cuales además no han levantado cabeza desde que empezó la pandemia”, declaró Santiago Ollero.

“En estos momentos creemos que lo que se está haciendo es expulsarlos con cargas fiscales, que son absolutamente desproporcionadas, y una inmensa, y lo digo con dos erres, burocracia. Porque ya no es burocracia, es burocracia: además de tener los efectos de la burocracia está dirigida por burros”, apostilló.

En este escenario dibujado por el presidente de Icogam, la organización pondrá encima de la mesa medidas para “mejorar el campo de juego del mundo de los negocios y el marco legal de las pymes”.

LOS “FANTASMAS” ECONÓMICOS

Tras Santiago Ollero, compareció Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, quien lamentó que la economía española “tradicionalmente” sufre unos “fantasmas”, que “siguen vivos” y “en muchas ocasiones tiene mejor o mayor salud”, así como “unos arbitristas” que “encuentran soluciones mágicas” como “unir el río Manzanares con la Costa Brava”.

Tras mandar este mensaje, advirtió de que la “inseguridad jurídica se está incrementando peligrosamente” en España porque “ya no hay separación de poderes” ni Estado de Derecho. En este sentido, cargó contra el nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas o las políticas del Gobierno con respecto a la ‘okupación’, que a su juicio, ponen “en entredicho” la propiedad privada.

Criticó también el “exceso” de la presencia del sector público en la actividad económica, así como el incremento del gasto y la deuda pública, todo ello con un incremento de la presión fiscal de 10 puntos porcentuales.

Por último, el catedrático opinó que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.080 euros es “un verdadero problema” porque “penalizará el empleo” y “favorecerá el desarrollo de la economía sumergida”, y abogó por políticas que consoliden un mercado de trabajo “ágil y flexible”.