En unas jornadas sobre la ley concursal desarrolladas por la organización, Santiago Ollero subrayó que los gestores administrativos tendrán “una responsabilidad” enorme sobre las causas de inhabilitación por inexactitudes graves en la entrega de documentación que se colgará en dicha plataforma, ya que los deudores “no tienen ni un solo papel” ni tampoco cuenta con “el tiempo” necesario para hacer esta gestión.

Por ello, cargó contra el Gobierno por el hecho de no haber transmitido ninguna información al respecto cuando la plataforma debe estar hecha para el 31 de diciembre o, visto de otra forma, dentro de 14 días laborables.

“Si alguien tiene curiosidad nadie se ha puesto con nosotros desde el gobierno, ni desde algún sitio todavía. Luego seremos operadores críticos, pero veo que como todo en este país llegará en el último momento y corriendo”, declaró. “Insisto, 14 días laborables para que esto tenga que funcionar y de momento no sabemos absolutamente nada de ello”, aseveró.

Lamentó que ni se les haya “enseñado” ni dicho “nada” al respecto, pero afirmó que están “preparados” de cara a la entrada en vigor del procedimiento especial para microempresas y apuntó al trabajo realizado durante la pandemia de la covid-19, cuando sacaron adelante “el 70% de los ERTEs de este país en una situación más que compleja, con poco tiempo, con cambio constantes y con una normativa diaria que incluso salía 15 minutos antes”.

No obstante, Santiago Ollero advirtió de que para que todo vaya por el cauce correcto los gestores administrativos deben contar con un formulario claro que “tampoco existe”. En este sentido, pidió que sea un formulario “que no reformule y que sirva conforme a lo que establece la norma” para “que se facilite el trabajo” y “los concursos en las micropymes sean ágiles y seguros”.

CAMBIAR LA MENTALIDAD

Por último, el presidente de Icogam lamentó que en España no haya “tradición” de acudir al procedimiento concursal como en los nuestros países del entorno, y subrayó que a nivel nacional solo hay 13 concursos por cada 10.000 empresas, lo que sitúa al país como el penúltimo en el ranking de la Unión Europea.

De cara a 2023, Icogam espera que España sea uno de los países con mayor crecimiento –66%– de los concursos de acreedores respecto a 2020, pero insistió en que se mantendrá como “un país de cerrar la puerta, dejar la llave en la portería y desaparecer”.

“Y esto tiene una explicación clara: los concursos son largosm los concursos son imprevistos y los concursos son caros”, señaló antes de abogar un “cambio de mentalidad” en la sociedad respecto a estos procedimientos.

“En una gran parte de la sociedad se interpreta el concurso como un fracaso, se estigmatiza al concursado, se le mira otra forma en ocasiones como si fuera un delincuente y se le pone siempre bajo sospecha. Insisto, un concurso lo que persigue es proteger a la empresa, a los empresarios, a los acreedores y a los clientes. Por eso, antes de crear una ley que mejore, que agilice y que dé seguridad a los concursos, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, y a culturizar a los empresarios y a la gente de la calle”, concluyó.