López compareció en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados en la que propuso la creación de un fondo público como opera en otros países europeos al que los ciudadanos puedan aportar y desgravarse dichas aportaciones en el IRPF. López recordó que en España operaron las cuentas ahorro vivienda consistentes en un plan de ahorro al que aportar para adquirir una vivienda y “funcionó”. Incidió en que “si no hay una inyección importante" de dinero público no será posible impulsar más vivienda.

López indicó que son necesarios 7.650 millones al año en los próximos diez años para financiar la construcción de vivienda necesaria y de ese importe, un 50% serían créditos financieros, un 30% sería inversión pública “a fondo perdido” y otro 20% lo aportarían otras administraciones públicas o fondos de inversión.

Sobre la empresa pública de vivienda propuesta por el Gobierno, el presidente de los gestores públicos consideró que era “lo más natural” para la empresa pública del suelo, Sepes.

Otras propuestas presentadas por los gestores públicos en el Congreso hacen referencia a impulsar la reforma de la Ley del Suelo para que, si un tribunal anula una parte de un plan urbano, no quede anulado todo. Los gestores públicos proponen una serie de cambios legislativos para agilizar trámites administrativos y reducir la burocracia. López explicó que, con el suelo, el problema es que no es finalista y propuso que los propietarios del mismo puedan recibir ayudas públicas cuando lo dediquen al alquiler.

Propuso un pacto con el Gobierno, Europa, los agentes implicados y la banca que se concrete en un plan para impulsar la vivienda y el suelo para construir. Defendió limitar el uso de la vivienda al residencial, movilizar la vivienda vacía, incentivar la seguridad jurídica para caseros e inquilinos, actuar sobre suelos vacantes que pueden ser edificables y no se han desarrollado y exceptuar a la vivienda protegida del pago del IVA.

“Necesitamos blindar la vivienda pública, tiene que ser sagrada, no se puede ocupar pacíficamente sin ningún tipo de actuación una vivienda pública y no poder recuperarla pasados años y años”, criticó.

Por su parte, el expresidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez también propuso un fondo público para promover vivienda para alquiler asequible y consideró que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) “necesariamente deberá fortalecerse” y dotarse de una red territorial para conceder crédito promotor, pues los bancos “están reacios”.

Sobre la nueva empresa pública de vivienda, señaló que puede generar competencia con las promociones privadas como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid y “jugar un papel importante”. También apuntó que podría cubrir la oferta en lugares a los que los ayuntamientos no llegan.