"Estamos preocupados por que el aborto se vaya a considerar como un método anticonceptivo", declaró el doctor Usandizaga en una rueda de prensa ofrecida hoy por la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (Abimad) para informar de su postura ante la reforma de la ley del aborto.

Según explicó el ginecólogo, una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar libremente hasta una determinada semana de gestación y, por tanto, sin acogerse a ninguno de los supuestos despenalizados ahora. Esto, en opinión de la SEGO, tiene el riesgo de que las mujeres entiendan el aborto como un método anticonceptivo más.

El secretario de la Comisión Ética de la SEGO dijo también que los ginecólogos españoles están preocupados por los abortos que, según algunas noticias, se están practicando a mujeres con un estado de gestación muy avanzado.

A su juicio, la nueva legislación debería prohibir esta situación y velar para que las interrupciones legales se hagan con todas las garantías de seguridad para la mujer.

Del mismo modo, el doctor Usandizaga se mostró preocupado por que la futura legislación española sobre el aborto "dificulte" la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios implicados en la interrupción de un embarazo.

Si con la nueva ley se practican más abortos en centros públicos de salud, es posible que los profesionales que objeten frente a esta práctica encuentren más trabas a la hora de acceder o consolidar su puesto de trabajo, explicó el ginecólogo.

MÁS ABORTOS

Este representante de la SEGO aseguró estar de acuerdo con el manifiesto hecho público hoy por la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid, una agrupación de profesionales médicos y especialistas en derecho sanitario que mantiene la tesis de que una ley de plazos, "previsiblemente", aumentará el número de abortos practicados en España, en lugar de reducirlos.

El presidente de esta asociación, José Jara, manifestó el malestar de Abimad por que las reuniones de la subcomisión que analiza la reforma de la ley del aborto sean a puerta cerrada y por que el comité de expertos creado por el Ministerio de Igualdad para asesorar al Gobierno en la nueva legislación no cuente entre sus miembros con representantes de víctimas del aborto y con expertos sobre el síndrome posaborto.

Teresa Bone, representante de la Asociación de Víctimas del Aborto (AVA), presente también en la rueda de prensa, pidió al Ejecutivo que los psiquiatras encargados ahora de hacer los informes sobre el estado psicológico de las mujeres que abortan "sean totalmente independientes" y, por lo tanto, no tengan ninguna vinculación con las clínicas que practican las interrupciones.

Igualmente, la representante de AVA exigió que el consentimiento que tienen que firmar las mujeres que se someten a un aborto contenga información clara sobre las consecuencias físicas y psicológicas de esta intervención.

Por último, Bone insistió en la necesidad de que el Gobierno ofrezca ayudas a las mujeres que se ven en la tesitura de abortar, como guarderías, ampliación de los permisos de paternidad o pisos de acogida para adolescentes inmigrantes, entre otras.