Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta por escrito enviada al Senado recogida por Servimedia, donde el parlamentario popular José Antonio Monago preguntaba a La Moncloa qué medidas va a tomar ante la “consolidación de redes de crimen organizado transnacional que operan entre América Latina, EEUU y Europa”.

Monago destacaba en su pregunta que esta presencia de la delincuencia internacional constituye un “desafío de primer orden para la seguridad nacional y para la integridad de las instituciones democráticas” que supone la “consolidación de redes de crimen organizado transnacional que operan entre América Latina, EEUU y Europa”.

Según este parlamentario, “estas organizaciones actúan como estructuras empresariales complejas, con capacidad para infiltrarse en las administraciones públicas, financiar campañas políticas, corromper el sistema judicial y utilizar los sistemas financiero y logístico internacionales para blanquear capitales y mover mercancías ilícitas”. Esta advertencia de Monago coincide con el arresto de Maduro el 3 de enero y que se apunten presuntas conexiones del régimen chavista con algunos políticos españoles.

A este respecto, el Gobierno, en la respuesta dada recientemente a este senador popular, indica que “el establecimiento de redes criminales de ámbito internacional en distintos países evidencia el carácter transnacional del crimen organizado y la delincuencia grave”.

PREOCUPACIÓN POR LOS NARCOS

En este contexto, el Gabinete de Pedro Sánchez sostiene que “la colaboración y la cooperación internacional para hacer frente a la criminalidad en todas sus manifestaciones resulta esencial, tanto a nivel bilateral con los países socios y aliados como en el seno de las organizaciones e iniciativas multilaterales”.

Así, el Gobierno de España “participa y colabora activamente en esta materia, en especial con aquellos países de origen que comportan una mayor participación en las actividades criminales llevadas a cabo no solo en nuestro país, sino también en otros de nuestro entorno”.

Sobre la “presencia y actividad en territorio nacional de redes de crimen organizado transnacional” en España, se precisa que “el crimen organizado presenta diversas manifestaciones” y que, desde una perspectiva nacional, “el tráfico de drogas es una de sus expresiones más preocupantes, con grandes conexiones con América Latina, en especial respecto al tráfico de cocaína”.

La Moncloa asegura que “el mercado criminal de la cocaína ha motivado al asentamiento en nuestro país de organizaciones delictivas tradicionalmente violentas, así como otras que proporcionan determinados ‘servicios’ en el tránsito de las mercancías ilícitas por nuestro país, generando actividades que no siempre se incluyen en el concepto de criminalidad organizada, como el petaqueo, el avituallamiento, la vigilancia, el transporte, las comunicaciones o el aprovisionamiento de armas”.

Al mismo tiempo, se advierte de que “la presencia de estas redes criminales determina otros riesgos como la infiltración social y económica, la corrupción a todos los niveles, incluida la policial o la de los empleados portuarios y aeroportuarios, o el riesgo de reclutamiento de jóvenes”.

A estos hay que añadir “la evidencia de que estos grupos hacen un uso intensivo y creciente de tecnologías muy avanzadas en todos los ámbitos de su actividad (medios materiales, transportes, comunicaciones, instrumentos contables y financieros, etc.).”

ACUERDOS INTERNACIONALES

El Ejecutivo dice ser “consciente de esta amenaza y está llevando a cabo todas las medidas necesarias para afrontarlas de manera eficaz, integral y coordinada, en base a la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave”.

Además, se han suscrito diferentes acuerdos de cooperación sectorial, en los que se fomenta el intercambio de información, la capacitación y formación de los agentes encargados de su persecución, o la colaboración público-privada, fundamental en sectores como el portuario o el aeroportuario.

Así, en España recientemente se ha aprobado la nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, conocida como Encodg 2025. Paralelamente, se ha acordado la creación de un nuevo instrumento de inteligencia que se denominaría Mesa de Situación del Crimen Organizado, adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Fuera del ámbito de la UE, destaca la colaboración policial con las agencias policiales de los EEUU, con Marruecos y con América Latina. En este último caso, hay proyectos de cooperación policial como Global Drug Intelligence Network (GDIN), proyecto piloto, único en el mundo, que trabaja el desmantelamiento permanente de las estructuras criminales que se dedican al tráfico de cocaína, con el objetivo último de tratar de reducir el tráfico de cocaína hacia Europa.