Según informó Transición Ecológica, la nueva orden, que sustituye así la anterior publicada el pasado mes de mayo, reconoce los costes asociados a 137,8 megavatios (MW) de potencia gestionable adicional en respuesta a una necesidad operativa identificada en la isla de Gran Canaria, lo que supone un incremento de 87 MW respecto a la orden anterior.

Las potencias reconocidas en Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW) se mantienen sin cambios.

Tras el trámite de audiencia pública y la valoración de los informes remitidos por el Gobierno de Canarias y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la orden incorpora una serie de mejoras técnicas que permiten ajustar su contenido a las necesidades identificadas por el ejecutivo canario.

El procedimiento se ha tramitado en un plazo de apenas tres meses desde que el Gobierno de Canarias solicitó la ampliación, el pasado 5 de mayo. Desde entonces, se han ido recibiendo las valoraciones del Gobierno autonómico, de Red Eléctrica Española (REE) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La orden reconoce los costes durante un período de tres años, prorrogable si así lo solicita la Comunidad Autónoma, siempre que el mantenimiento de las medidas extraordinarias resulte necesario para garantizar el suministro eléctrico en las Islas.

El Gobierno reafirma así su compromiso con la seguridad del suministro eléctrico en los territorios no peninsulares y realiza un nuevo esfuerzo presupuestario para dar respuesta a las solicitudes planteadas por Canarias.