Así lo anunció el gabinete que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que precisó que, por eso, el texto apela al consenso social que suscita la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad para poder llevar a cabo su aprobación, igual que ocurrió con la reforma constitucional del artículo 49.

“Resulta necesario positivizar en estas dos leyes ordinarias su contenido y volver a los consensos parlamentarios de la reforma constitucional de 2024, a fin de que estos postulados sean transformadores y aplicables a una vida digna en la que las personas con discapacidad y sus familias disfruten de todos los derechos humanos”, señala el texto.

La reforma del artículo 49 de la Constitución, además, supuso un "hito y un camino a seguir", según el ministerio, "respaldado" por las organizaciones de la discapacidad representadas por el Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, quienes, a su juicio, también han ejercido un "papel fundamental" en el impulso de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

La declaración ha sido impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Igualdad; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

COMPROMISOS CONCRETOS

El texto recoge también "compromisos concretos" contemplados dentro de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, como impulsar nuevos servicios para cuidados y apoyos en la vivienda, o actualizar el catálogo de servicios y prestaciones y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos "más diversos que aseguren su derecho a una vida independiente", según el departamento de Bustinduy.

En este sentido, la reforma de ambas normas permitirá eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades. Esto va a posibilitar, por ejemplo, tener un empleo y un servicio de apoyo, evitando penalizaciones e incentivando el empleo como parte de una vida independiente.

Supone “un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y perspectiva de género”, recoge la declaración.

La reforma, además, responde así al mandato del artículo 49 de la Constitución atendiendo particularmente a las necesidades de las mujeres y de la infancia con discapacidad. Todas estas medidas buscan "acelerar" la transformación del modelo de cuidados que el Ministerio de Derechos Sociales viene impulsando con el objetivo de "dejar atrás el modelo asistencialista y acercarse más a un modelo que se adapte a las preferencias y necesidades de las personas".

El texto aprobado este martes por el Gobierno también reconoce la accesibilidad universal como un derecho y una obligación de todos los poderes públicos y menciona obligaciones legales que el Proyecto de Ley incluye para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades de propietarios, medidas que buscan que "nadie tenga que abandonar sus casas por no poder salir a la calle", según el ministerio.

Asimismo, la reforma "abre las fórmulas" para "consolidar" el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y actuaciones para "romper con las brechas machistas y capacitistas que cercenan el derecho a la igualdad, poniendo especial atención en la erradicación y prevención de cualquier tipo de violencia".