El texto fue elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que quiso someterlo a consulta pública el pasado mes de octubre.

Sin embargo, el texto se ha demorado en el tiempo por discrepancias en el Gobierno de coalición que se ciñen a que Moncloa y el Ministerio de Agricultura apostaban por diferenciar a los perros de caza respecto de los demás, mientras que Derechos Sociales abogaba por no hacer distinciones y que los cazadores cumplan con las consideraciones que se exigen al resto de propietarios de esos animales.

Esa disputa también dividió a animalistas y cazadores, puesto que aquellos quieren que los perros de caza estén mejor protegidos bajo el paraguas de la ley y estos señalaban que sus canes no son animales de compañía.

En principio, la norma recoge el ‘sacrificio cero’ de animales de compañía que estén sanos, el fin de algunas prácticas como las peleas de gallos y el tiro al pichón, permitir la cría de animales sólo a personas autorizadas, proteger las colonias felinas y crear el concepto de santuario de animales.

Además, el texto trabajado por la Dirección General de Derechos de los Animales incluye la prohibición de la venta de animales de compañía en tiendas, no permite criar animales que no sean autóctonos (como el visón americano, empleado en peletería) y no autoriza los circos con animales salvajes.

También elimina la lista de perros potencialmente peligrosos, impulsa la identificación eficaz de las mascotas para acabar con su abandono e insta al control ético de la fauna urbana antes del empleo de cualquier método letal.

Además, obliga a la estilización de la mitad de los animales que tenga una persona propietaria, eliminará la lista de perros potencialmente peligrosos e insta al control ético de la fauna urbana antes del empleo de cualquier método letal.

El sacrificio no autorizado de animales, matar a un animal o causarle secuelas permanentes y graves de forma intencionada, y la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado se considerarán infracciones muy graves que podrían acarrear una multa de 100.001 a 600.000 euros.

La norma excluye a los animales empleados en espectáculos taurinos y, en determinados casos, los utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia.